La pugna por los archivos
| Autor | Martha Martínez |
Los archivos públicos del país están en riesgo. La inexistencia de infraestructura adecuada para su resguardo, la falta de un marco normativo que garantice su conservación y los intentos fallidos por instalar un modelo de gestión institucional favorecen la pérdida de los documentos que dan cuenta de la actividad cotidiana de los tres niveles de gobierno.
A principios de 2016, sociedad civil y partidos políticos iniciaron la discusión de una nueva Ley General de Archivos, que pretendía revertir el rezago en el que se encuentra la gestión documental.
El 22 de febrero de 2016, el consejo académico asesor del Archivo General de la Nación envió al Senado una carta en la que adelantaba tres preocupaciones en torno a la nueva Ley de Archivos: Primero, si el AGN tendrá la capacidad para asumir sus nuevas obligaciones como cabeza del Sistema Nacional de Archivos, lo cual representará un "desafío inédito" para la archivística mexicana que, según los expertos, muestra añejos rezagos.
Segundo, lograr efectivamente que la armonización de las leyes garantice que la información depositada en archivos sea "accesible, veraz, oportuna, completa y reutilizable".
Y tercero, la dependencia orgánica y funcional del AGN a la Secretaría de Gobernación.
"El derecho fundamental de acceso a la información no puede estar limitado por las decisiones tomadas en una sola dependencia del Ejecutivo federal", señala el documento firmado por destacados archivistas e historiadores.
Por ello, el consejo se pronunciaba a favor de la autonomía del AGN como órgano descentralizado, y no sectorizado, de Gobernación; así como por la creación de un consejo rector plural para el Sistema Nacional de Archivos.
No obstante, después de meses de negociación, los senadores desecharon algunas de las propuestas de los especialistas, entre ellas la de dar autonomía al AGN.
Así, la iniciativa que perfilan las principales bancadas para ser discutida y aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones dejaría en manos de la Secretaría de Gobernación el control de los archivos, por medio de organismos encargados de diseñar y vigilar la implementación de los lineamientos y protocolos que regirán a nivel nacional la conservación, destrucción y acceso a expedientes oficiales.
Especialistas que participaron en la discusión de la nueva ley -cuya actualización fue ordenada en la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014- advierten que es un error dejar en manos del gobierno federal el control de los archivos que documentan sus acciones cotidianas.
Rezago
La gestión de los expedientes oficiales podría convertirse en el eslabón más débil de los sistemas nacionales en ciernes: el de Transparencia y el Anticorrupción.
Aunque en el papel se reconoce que los documentos que generan los tres niveles de gobierno y los Poderes de la Unión son indispensables para garantizar el derecho al acceso a la información y la rendición de cuentas, estos temas no han avanzado de manera paralela.
La primera Ley Federal en materia de archivos se promulgó en 2012, 10 años después de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Y la discusión de la nueva Ley se da dos años después de la promulgación de la reforma constitucional de 2014.
Actualmente, todos los estados del país cuentan con una ley de acceso a la información, así como con un organismo garante autónomo.
En el tema de archivos, cuatro estados no cuentan con legislación y, en 10, ésta ya es obsoleta porque se promulgó antes de la...
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