Con proyecto de Ley General de Emergencia Agropecuaria., de 15 de Abril de 2003
CON PROYECTO DE LEY GENERAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA, PRESENTADA POR LA SENADORA ARELY MADRID TOVILLA, EN NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA CAMARA DE SENADORES
México, DF, a 14 de abril de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada el día 10 de abril próximo pasado, la senadora Arely Madrid Tovilla, en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Ley General de Emergencia Agropecuaria.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnará a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Los que suscriben, Senadores de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 27 fracción XX, 71 fracción II, 72 inciso h y 73 fracción XXIX-E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la presente Iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley General de Emergencia Agropecuaria, con arreglo en la siguiente
Exposición de Motivos
La severa crisis que el campo mexicano enfrenta en estos primeros años del siglo XXI, ha venido deteriorando la calidad de vida de los millones de personas que se dedican a las actividades agropecuarias, impactando negativamente en sus niveles de productividad, rentabilidad, competitividad, ingreso y empleo, poniendo en riesgo la autosuficiencia alimentaria nacional.
Insertos en un mundo global que desprotege al pequeño productor de la embestida de los grandes conglomerados comerciales, países como el nuestro han visto dañadas sus estructuras, empujándolos a reconsiderar sus políticas públicas a fin de aminorar los costos económicos y sociales de la crisis, y a potencializar las capacidades con las que cuentan.
El Estado mexicano, en su papel promotor de la actividad económica nacional, durante décadas ha estructurado sus programas de desarrollo rural conforme a criterios de equidad, promoviendo políticas agrarias para que la tierra sea poseída por quienes la trabajan; de productividad, al fomentar procesos de producción y comercialización; así como de seguridad y certidumbre, al ser impulsor de redes de protección social encaminadas a mitigar las dificultades del campo.
Sin embargo, los múltiples esfuerzos estatales por ampliar los instrumentos que permitieran generar una mayor riqueza nacional han sido insuficientes y, en algunos casos, poco eficaces, como en el campo, donde no se ha logrado aminorar el rezago y mucho menos convertirlo en una fuente de oportunidades.
El desarrollo industrial y urbano, característica del México de mitades del siglo XX, invitó sólo a un sector de la sociedad a formar parte de la modernidad, dejando de lado a un gran numero de mexicanos, estancados y desprotegidos, en el sector rural.
En tales circunstancias, únicamente se vieron favorecidos aquellos productores agrícolas y pecuarios que contaban con instrumentos financieros, tecnologías avanzadas y grandes extensiones de tierra, o bien, quienes tuvieron la capacidad de organizarse para producir y participar competitivamente en los mercados nacionales y de exportación. La mayor parte del sector, viviría en un contexto económico adverso a la rentabilidad agropecuaria y en el deterioro de su calidad de vida.
El viraje que nuestro país dio al modificar el artículo 27 constitucional, como estrategia para promover el mercado de tierras y las economías de escala; impulsar la asociación de pequeños productores; y potencializar la actividad agropecuaria, se vio truncada por la crisis económica de mediados de los años noventa.
Esta difícil situación del agro mexicano se agravó aún más cuando se optó por no incrementar los apoyos al productor y se recurrió paulatinamente al desmantelamiento de las instituciones públicas que le daban viabilidad al sector, tales como las de subsidio, almacenamiento, distribución y comercialización.
Aunado a estos escenarios estructurales, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ratificado por el Senado en 1993, vino a repercutir negativamente en algunas ramas de la economía rural, debido a la omisión institucional por crear condiciones que sirvieran para contrarrestar las varias asimetrías con nuestros socios comerciales, así como las prácticas comerciales desleales del exterior y los subsidios polarizados.
En los albores del nuevo siglo, en el campo mexicano se viven los más dramáticos momentos del rezago económico y social, manifestándose allí los índices de pobreza más agudos del país, donde uno de cada cinco mexicanos apenas subsiste.
Ante esta circunstancia, el Partido Revolucionario Institucional, a través de sus legisladores, han estado respaldando y promoviendo diversas alternativas legales y administrativas de corto, mediano y largo alcance, que permitan al sector rural transitar por la difícil circunstancia en que se encuentra.
Frente a un medio rural cada día más afectado, víctima de las grandes diferencias en los subsidios directos a la producción y a la exportación de productos agropecuarios entre México y los principales actores del mercado internacional agropecuario, así como por el obvio retiro estatal en la atención del campo porque equivocadamente se considera que no atraviesa por una grave crisis, acudimos a realizar una propuesta concreta con la presente Iniciativa de Ley General de Emergencia Agropecuaria.
Se trata de un planteamiento legislativo que tiene el propósito de que gobierno y sociedad reconozcan, en principio, la existencia de una crisis en varias regiones y ramos del desarrollo agropecuario, declarando una situación de emergencia a cuyo amparo se adopten programas y medidas extraordinarias para atenuar los efectos nocivos de los fenómenos económicos, estructurales o emergentes, internacionales o domésticos, que están poniendo en riesgo la estabilidad nacional.
La Iniciativa busca establecer un Régimen de Emergencia Agropecuaria que impulse acciones efectivas de estímulo a la producción, industrialización y comercialización agropecuaria; y que prevea mecanismos expeditos para que el Estado sea solidario con quienes necesiten el auxilio para responder a los desequilibrios del mercado internacional.
Porque no creemos en un desarrollo económico, apartado de un desarrollo humano y social, las acciones de emergencia agropecuaria deberán dirigirse finalmente hacia la atenuación de algunos de los factores que postran en la pobreza a millones de mexicanos que, a pesar de todo, aún se encuentran arraigados en el medio rural.
El proyecto de Ley que ahora se somete a la consideración del H. Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados, se sustenta en la necesidad de restaurar el papel rector del Estado en la actividad económica y social; pero bajo la premisa de que su papel debe ser eficiente y selectivo, regulando y fomentando la actividad productiva por medio de la inversión y del crédito público.
Si bien es cierto que el orden jurídico mexicano dispone de una amplia variedad de leyes, decretos, acuerdos, circulares y programas relacionados con el campo, resulta también irrefutable el hecho de que lo que actualmente se ocupa es de un instrumento lo menos voluminoso posible, que le confiera a los tres niveles de gobierno, la posibilidad de dinamizar su respuesta y presencia institucional al lado de los campesinos y de las personas que se dedican a las actividades agropecuarias.
De ningún modo nuestra Iniciativa pretende constituirse en una visión parcial de la problemática del campo mexicano, ya que la consideramos parte del dialogo nacional agropecuario y de otras muchas acciones a favor del campo. Por consecuencia, alentamos que la misma sea enriquecida con la opinión comprometida de todas las vertientes institucionales, populares y especializadas del país.
Antecedentes
Aun cuando la situación agropecuaria antes descrita de forma sucinta no amerite demostraciones, consideramos que es menester dejar establecidos los elementos de juicio que hemos valorado para proponer una Ley General de Emergencia Agropecuaria.
Se trata de descripciones de orden internacional y nacional, que no solo justifican la Iniciativa, sino los pronunciamientos sociales acerca de la necesidad de modificar la política de desarrollo rural agropecuario.
I.- Situación del sector agropecuario en el contexto internacional.
Los países desarrollados como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, subsidian en forma importante a su agricultura, provocando la caída en los precios internacionales y distorsiones en el comercio, lo que está orillando a que los países en desarrollo busquen la adopción de medidas proteccionistas.
En la estructura económica de la mayor parte de los países, la agricultura y en general las actividades primarias, constituyen el segmento de los agentes económicos mas débiles de los totales nacionales. A los factores de mercado adversos se suman los de orden climatológico.
Estos hechos y la importante limitación que se tiene para crear empleo remunerado y absorber social y económicamente a la población, son las causas reales de las decisiones de los gobiernos para establecer condiciones de excepción en su política económica y de presupuesto con los productores agropecuarios.
Las condiciones de excepción que se observan en la mayor parte de las naciones del mundo, pero de manera particular en los países mas desarrollados, no se derivan solo del propósito de elevar los bajos niveles de ingreso de los productores o mejorar las condiciones de la población campesina dependiente, sino que la producción nacional de alimentos se considera un componente fundamental para garantizar la seguridad alimentaria nacional y mantener la soberanía del país.
En este apartado, al puntualizar las políticas...
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