Con proyecto de Ley Federal de Firma y Comercio Electrónicos, Mensajes de Datos y Servicios de la Sociedad de Información., de 8 de Mayo de 2002
CON PROYECTO DE LEY FEDERAL DE FIRMA Y COMERCIO ELECTRONICOS, MENSAJES DE DATOS Y SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE INFORMACION, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 8 DE MAYO DE 2002
El que suscribe, Luis Miguel Barbosa Huerta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciativa de decreto que expide la Ley Federal de Firma y Comercio Electrónicos, Mensajes de Datos y Servicios de la Sociedad de Información, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En un inicio, era un mundo académico donde la comunidad tenía una presencia relevante, y donde el aspecto comercial estaba separado y casi inexistente. Luego, el aspecto comercial se involucró convirtiendo aquella comunidad de personas, en una consistencia de organizaciones. Este fenómeno no sólo incidirá sobre los principales cambios del siglo que inicia, sino que involucra ya de una manera clara y directa el desarrollo de la sociedad toda.
La expansión de las redes de la información es un extraordinario desafío para nuestra sociedad y constituye también la mayor opción de desarrollo de este siglo. Ofrece al ser humano nuevos medios de expresión, comunicación, formación, acceso al saber y a las riquezas culturales y materiales. Internet puede facilitar una participación más activa en la vida social y cultural, al tiempo que permitirá acceder a un mayor número de opciones en cuanto a bienes y servicios. Las tecnologías de la información son, desde ahora, esenciales para el desarrollo de cualquier economía. Con la intensificación de la competencia mundial, el comercio y los intercambios electrónicos, se sitúan ahora en el centro de la competitividad mundial.
Día con día, las tecnologías de la información y comunicación están transformando numerosos aspectos de la vida económica y social, por ejemplo, los métodos y relaciones de trabajo, la organización de las empresas, los objetivos de la educación y de la formación, y, en general, el modo en que las personas se comunican entre sí. De la misma manera, se están produciendo importantes incrementos en la productividad industrial y en la calidad y rendimiento de los servicios. En definitiva, asistimos al nacimiento de una nueva forma de sociedad, donde la gestión, la calidad y la velocidad de la información, se convierten en el factor clave de la competitividad.
Gracias a un fácil acceso a la información, toda la actividad económica se identifica, evalúa y somete a la competencia con mayor facilidad. Se amplía e intensifica la presión del mercado, lo que obliga a las empresas a explotar todas sus reservas de eficacia y productividad. De esta forma, la facultad de adaptarse estructuralmente se convierte en condición del éxito económico. Actualmente, para las empresas, su propio funcionamiento resulta ya inconcebible sin la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. Son éstas las que les obligan a repensar su propia organización productiva.
Para el ciudadano y la ciudadana la introducción de los productos y servicios relacionados con las tecnologías de la información y comunicación en sus actividades cotidianas es asombrosa. De dicha penetración surgen nuevas formas de organización económica y social que ya no se estructuran en función de los límites geográficos, sino alrededor de redes de telecomunicaciones o telepuertos, adquiriendo una singular importancia el teletrabajo.
A su vez, el Estado, en tanto productor de servicios e información por excelencia, sufrirá importantes mutaciones en la medida que siga incrementando su informatización y uso de las redes electrónicas. El reto en este ámbito consiste en acelerar el cambio institucional para maximizar el uso eficiente de las nuevas tecnologías. Así, se podrá modernizar la gestión pública al servicio de la ciudadanía, profundizando también la apertura del Estado y abriendo nuevos caminos para la expansión de una sociedad civil más abierta y participativa.
En virtud de estas transformaciones, está emergiendo una nueva economía, que alternativamente también se le ha denominado sociedad de la información o del conocimiento. Se trata de un sistema económico y social donde la generación, procesamiento y distribución de conocimiento e información constituyen la fuente fundamental de productividad, bienestar y poder.
En concreto, la difusión del comercio electrónico mejorará la competitividad de nuestra economía y, al mismo tiempo, favorecerá el nivel y calidad de vida de la población, mediante la creación de nuevas oportunidades de empleo mejor remunerado. Las pequeñas y medianas empresas en particular, se beneficiarán de las nuevas oportunidades que emergen para vender sus productos a los mercados locales, regionales y mundiales. Por su parte, los consumidores se beneficiarán de una creciente variedad de bienes y servicios, a precios menores.
La expansión del comercio internacional ha sido una de las tendencias más espectaculares e importantes de la última mitad del siglo pasado, que está experimentando un crecimiento aún mayor a principios de éste gracias a los medios electrónicos. El comercio electrónico e Internet han aportado nuevos medios que transforman drásticamente el mundo de los negocios. Las transacciones son más rápidas. Las mercaderías y servicios que anteriormente se restringían a mercados locales están ahora disponibles para los consumidores globalmente. El comercio electrónico suprime las barreras geográficas para las empresas y los consumidores y extiende el alcance de la actividad empresarial al mercado de cualquier parte del mundo, generando nuevas oportunidades de negocio. Esta nueva forma de hacer negocios mejorará la competitividad y reducirá los precios. El comercio electrónico es un gran nivelador, ya que permite que negocios diversos, pequeños o grandes, urbanos o rurales, con mucho o poco presupuesto, compitan en el mercado desde la misma posición. Además, permite que los consumidores tomen sus decisiones de compra mejor informados al poder consultar numerosas referencias y catálogos on-line, así como comparar precios sin salir de casa.
La revolución digital es, pues, ya una realidad que exige ser afrontada de inmediato. Buscando y motivando una suficiente derrama de inversión para su desarrollo y legislando un marco jurídico seguro, tanto para los proveedores de servicios como para los usuarios. En efecto, uno de los factores que ha impedido un desarrollo mayor de los servicios de la sociedad de la información, es la inseguridad al momento de realizar transacciones electrónicas, debido a un sistema jurídico que no está adecuado para recoger las exigencias del mismo. La implantación de Internet y las nuevas tecnologías tropieza con incertidumbres jurídicas, que es preciso aclarar con el establecimiento de un marco jurídico adecuado, que genere, en todos los actores participantes, la confianza necesaria para el empleo de este nuevo medio.
En la medida en que el mito de la inseguridad de Internet constituye un grave factor inhibidor, los problemas relacionados con la seguridad jurídica del tráfico en la red presentan importancia prioritaria para el desarrollo de la misma. Ya nadie participa de la ingenua creencia en Internet como un territorio salvaje e inmune a toda regulación externa. Existe consenso en torno a la necesidad de una regulación, mínima y flexible, pero suficiente para aportar a la red el grado de confianza que demanda la sociedad. Los grandes principios a que está aferrada nuestra democracia deben aplicarse a esta nueva situación: libertad de expresión, protección de menores, protección de la vida privada y de la correspondencia privada, igualdad de acceso al saber, protección del derecho de autor y de la propiedad industrial, diversidad cultural, protección de los consumidores, etcétera.
Según un estudio, en el año 2005 en el mundo habrá mil 100 millones de usuarios de Internet. De estos, 77 millones serán latinoamericanos, cifra que corresponde apenas a 18 por ciento de la población de la región. Indudablemente que el desenvolvimiento de una economía global exitosa dependerá en gran medida del papel que jueguen los gobiernos en el establecimiento de una regulación adecuada que motive el aumento del número de usuarios.
No obstante, el vigente marco jurídico mexicano de la materia, comúnmente conocido como la legislación sobre comercio electrónico, pero que en realidad es un conjunto de diversas y dispersas disposiciones del Código Civil Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, está lejos de constituir instrumento eficaz para propiciar un desarrollo adecuado de la sociedad de la información en nuestro país. Pero lo que es más grave, con una insuficiente regulación, existe el riesgo de perder una oportunidad única para acortar las diferencias económicas y tecnológicas con otros países de nuestro entorno.
Por esto, el objetivo principal de la iniciativa que se somete a esta soberanía consiste en establecer en nuestro sistema jurídico las garantías jurídicas necesarias para que pueda potenciarse el desarrollo del comercio electrónico y de los servicios ofrecidos a través de Internet, instrumentando un marco legal seguro tanto para los proveedores de servicios como para los usuarios. Desarrollando en un solo ordenamiento las distintas materias, que cruzan con el fenómeno tecnológico, aún pendientes en el derecho patrio y que ya han sido abordadas desde hace varios años en otras legislaciones de...
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