Con proyecto de decreto para modificar el artículo 21 constitucional, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y expedir la Ley que Crea el Sistema Integral de Seguridad Pública del Distrito Federal., de 30 de Junio de 2004
Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 1532-I, viernes 2 de julio de 2004. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL, EL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EXPEDIR LA LEY QUE CREA EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO BARRIO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 30 DE JUNIO DE 2004
Los suscritos diputados federales a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y la fracción I del apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 21 constitucional en sus párrafos quinto y sexto; el artículo 10 segundo párrafo, el artículo 34 en sus párrafos primero y segundo, y se adiciona un tercer párrafo, se modifica el artículo 35, 67, párrafo XX, y el artículo 117, fracción VIII, todos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; así como una iniciativa de Ley que Crea el Sistema Integral de Seguridad Pública del Distrito Federal, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Un legítimo sistema de gobierno democrático, respetuoso en todo momento de un verdadero Estado de derecho, se distingue por el auténtico interés de respetar y hacer respetar el orden jurídico establecido y, específicamente, garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran dentro de su ámbito territorial, adoptando para tal efecto una política general en la que, sobre todo, se recurra a las medidas preventivas del delito, en otras palabras, el Estado de derecho no sólo es aquel que se ajusta a un orden jurídico, sino que reconoce y respeta los derechos del hombre y se autolimita en virtud de ellos.
En este orden de ideas, el desarrollo del Estado de derecho, es correlativo al avance de la democracia como sistema de participación, la cual se estima como un elemento imperante para lograr el cambio social y la creación de una normatividad jurídica, encaminada a la consolidación de un sistema de seguridad pública eficaz, que responda a las necesidades de seguridad que actualmente requiere nuestra sociedad, observándose en todo momento dos conceptos fundamentales como son el imperio del derecho y la procuración e impartición de justicia , pues tanto la seguridad, la justicia y el bien común, son los fines propios que persigue el derecho.
En tal sentido, la seguridad pública, constituye una de las funciones primordiales de todo Estado, porque de ella se deriva la salvaguarda de la integridad física de las personas, la protección patrimonial, así como el orden y la paz pública, lo cual es posible a través del establecimiento de normas y políticas eficaces, a la par de la implementación de acciones coherentes y articuladas encaminadas a la prevención, persecución y sanción de los delitos, así como de las violaciones que atenten contra el orden público y la paz social.
Hoy en día, nadie puede negar, que todos, sin excepción alguna, necesitamos de condiciones mínimas de seguridad para desarrollar las diversas y más esenciales actividades que emprendemos cotidianamente. En efecto, requerimos seguridad para el trabajo, para la educación, para la investigación, para la cultura, para la recreación y sano esparcimiento. Es así, que las garantías de justicia y seguridad se conciben en una primera instancia, como un componente clave de la gobernabilidad y factor esencial de la cohesión y el adecuado desarrollo social.
En tal virtud, la seguridad pública, acompañada de una promoción de convivencia ciudadana se deben entender como la condición de libertad de los gobernados para ejercer plenamente sus derechos, libertades y deberes sin sentirse víctimas de amenazas, delitos, infracciones y gozar de adecuadas condiciones de bienestar y tranquilidad en todo sentido.
En tal sentido, el Estado se encuentra obligado a establecer mecanismos legales y políticas públicas que tiendan a la estructuración de un eficaz sistema de seguridad dentro del mismo, a realizar todas las acciones que satisfagan las necesidades cruciales de los ciudadanos en materia de seguridad, a través de verdaderos mecanismos de prevención del delito, impartición y procuración de justicia, y readaptación social.
En este orden de ideas, resulta lamentable y preocupante señalar que hoy en día, los altos índices de delincuencia registrados en el Distrito Federal, han hecho que la población capitalina no se sienta segura ni en sus propios hogares, toda vez que la delincuencia en ésta ciudad, ha venido aumentado día a día de manera vertiginosa, al grado tal de que por momentos parece rebasar la capacidad operativa y funcional de las autoridades capitalinas, para poder combatirla y mucho menos evitarla.
En efecto, para nadie escapa que el actual sentimiento de los habitantes del Distrito Federal prevalece una gran sensación de inseguridad pública, provocada por el incremento desmesurado de la delincuencia, así como por la violencia que esta lleva aparejada, aunado a la impunidad con que operan diversas bandas y organizaciones delictivas dedicadas al robo de autos y casa habitación, al asalto, al secuestro, al narcomenudeo, al abuso y explotación de menores, entre otras conductas delictivas, mismas que en gran cantidad de casos, se encuentran protegidas por los propios cuerpos policiales, encargados paradójicamente de la seguridad de la ciudad.
Tristemente, la Ciudad de México además de ganarse el reconocimiento de ser una de las ciudades más grandes a nivel internacional, es también ampliamente conocida una de las más peligrosas e inseguras del mundo. Esta afirmación no sólo la comparten los ciudadanos mexicanos, vivan o no dentro del Distrito Federal, sino también todos aquellos viajeros que por placer o negocios visitan esta ciudad, además de diversas organizaciones civiles especialistas en la materia.
A las circunstancias anteriores, debemos aunar que la percepción actual y generalizada por parte de los habitantes del Distrito Federal, de que el derecho existe, mas sin embargo no cobra aplicación, ha provocado una notable desconfianza en las instituciones encargadas de la seguridad pública en el Distrito Federal, a las que muchas veces no se recurre por su falta de credibilidad, lo que trae como consecuencia la existencia de un alto grado de impunidad, así como un considerable incremento en el índice delictivo.
Esta situación ha originado que en los últimos años una de las mayores demandas por parte de la población capitalina, ha sido la necesidad de contar con programas y mecanismos legales eficientes en materia de seguridad pública, que garanticen de manera eficaz las condiciones elementales de orden público y paz social en la ciudad así como que permitan recobrar la credibilidad en las instituciones encargadas de ésta labor fundamental en toda sociedad, como lo es la preservación de la integridad física de las personas y sus libertades, la protección patrimonial, así como el orden y la paz pública.
La población capitalina anhela seguridad pública y justicia; estas demandas son obligaciones que han de corresponder a las autoridades encargadas de preservar esta imperiosa necesidad ciudadana.
En los últimos años la política en materia de seguridad pública en el Distrito Federal, ha sido precedida por una serie de transformaciones políticas y económicas, mismas que en su momento han llegado a originar algunas medidas de corte mediático e inclusive populista, que en la mayoría de los casos no presentan eficacia alguna en el combate a la delincuencia, al grado de no llegar a obtener los resultados esperados en la manera en que lo requiere la sociedad capitalina, toda vez que en lugar de prevenir y contrarrestar el fenómeno delincuencial, éste ha venido aumentado de manera alarmante, atentando contra las propias instituciones encargadas de preservar la paz y el orden público, y lo que es más grave, contra el tejido social mismo.
Entre los diversos factores que han propiciado la falta de eficacia del referido sistema de seguridad pública se encuentra que los actuales sistemas de seguridad (preventivo, de procuración de justicia, de impartición de justicia y de readaptación social) han venido operando en forma aislada unos con otros, ya que actualmente cada uno de estos sistemas permanecen cerrados en sí mismos, pues poseen sus propias políticas, reglas y procedimientos sin que exista una verdadera vinculación entre unos y otros, asimismo, otro factor determinante ha sido la falta de medidas tendientes a la prevención del delito, en virtud de que las acciones implementadas por las autoridades capitalinas, se han enfocado únicamente a reprender las conductas delictivas, y no a prevenirlas en su comisión.
En tal virtud cabe señalar que en el tema de prevención general del delito es primordial para una adecuada política criminal, toda vez que estamos convencidos de que no se trata solamente de hacer manuales de cómo no ser asaltado o secuestrado, eso no hace sino limitar, en determinado momento, la libertad del ciudadano, la precaución constituye un requisito necesario pero no suficiente, de lo que se trata de generar condiciones reales de seguridad, lo que produce un sentimiento generalizado de seguridad en la sociedad, no con medidas mediáticas de pánico o emergencia como las emprendidas las autoridades capitalinas, sino atacando las diversas causas del fenómeno criminal.
Lamentablemente estas medidas improvisadas y emergentes emprendidas por el...
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