Proponen un año de plazo para que empresas se preparen para la nueva jornada laboral

Fecha de publicación18 Octubre 2023
Esta semana inició en la Cámara de Diputados el Parlamento Abierto sobre la reducción de la jornada laboral. Foto: Cortesía
Esta semana inició en la Cámara de Diputados el Parlamento Abierto sobre la reducción de la jornada laboral. Foto: Cortesía
Blanca Juárez

Por Blanca Juárez

En el primer foro del Parlamento Abierto sobre la reforma para reducir a 40 horas la jornada laboral semanal, la magistrada María del Rosario Jiménez y el magistrado Héctor Arturo Mercado encabezaron la defensa de este cambio constitucional.

Del empobrecimiento del salario, a las jornadas de más de ocho horas sin el pago debido y otras formas de explotación laboral. Al magistrado Héctor Arturo Mercado López le tomó menos de 10 minutos hacer la taxonomía de un mundo del trabajo al que le urge la disminución de su jornada y proponer que esto suceda en el plazo de un año.

El juez participó en el primer foro del Parlamento Abierto, en la Cámara de Diputados, sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El proyecto legislativo propone reformar el artículo 123 constitucional y señalar que toda persona trabajadora tiene derecho a dos días de descanso por cada cinco de trabajo.

La iniciativa fue presentada por la diputada Susana Prieto (Morena) y ya fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro. El siguiente paso debió haber sido la discusión del dictamen en el pleno cameral, pero el PAN, la segunda fuerza política, y la iniciativa privada no estaban a favor de la reforma.

Por ello, en una negociación, las bancadas aceptaron convocar a un Parlamento Abierto en el que participarán organizaciones empresariales y sindicales, personas de la academia y de la judicatura. Este contempla cuatro sesiones que culminarán el 13 de noviembre.

La representación empresarial fue mayoría en el primer foro. Pero entre las posturas que negaban el rechazo a la reforma, pero señalaban que no era el momento ni la forma para aprobarla, participaron la magistrada María del Rosario Jiménez Moles y el magistrado Héctor Arturo Mercado.

En sus discursos, la magistrada y el magistrado integraron elementos jurídicos, históricos, económicos, políticos —que no partidistas—, de derechos humanos, así como de salud física, mental y emocional al tema.

En más de una hora de participaciones, nadie, ni los representantes empresariales que pedían tiempo para analizar la reforma y otros esquemas para ponerla en marcha algún día; ni las diputadas y diputados que defendían el proyecto, pero que aceptaron hacerle cambios, propusieron algo concreto.

Y llegó la intervención del magistrado Mercado: “Yo creo que hay un cierto consenso en que sí (se apruebe). El problema es cuándo, okey, mi opinión es que sea ya. Sí, con un plazo de gracia, ¿de cuánto? De un año”, pero con un candado: la obligación expresa en la ley de que las empresas otorguen capacitación a su personal.

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