Promueve Fox reforma pro derechos humanos
| Autor | Víctor Fuentes |
Abolir la pena de muerte, terminar con la expulsión discrecional de extranjeros por parte del Ejecutivo, y convertir a los ombudsman en vigilantes de las leyes, son parte de una iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos humanos que el Presidente Vicente Fox enviará en breve al Congreso.
La Secretaría de Gobernación envió ayer a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria una copia de la iniciativa, por la que serían reformados 10 artículos de la Constitución. De hecho, sería modificado el encabezado del Título Primero de la Carta Magna, que en adelante diría De las Garantías Individuales y de los Derechos Humanos.
De ser aprobada la reforma, sería abolida la pena de muerte, que a la fecha está permitida en el artículo 22 para el traidor a la patria, el homicida, el plagiario y el salteador de caminos.
La expresión de le aplicaron el 33 en referencia al artículo que permite al Presidente expulsar a extranjeros del país, sin mayor trámite perdería su vigencia, ya que en el futuro, antes de sacar de México a un extranjero, sería necesario un procedimiento administrativo previo con garantía de audiencia.
El artículo 105 sería reformado para darle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a sus similares de los estados, la facultad de iniciar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, para impugnar leyes nuevas o reformas que, a su parecer, sean violatorias de los derechos humanos.
Actualmente, este tipo de acciones sólo pueden ser promovidas por el Procurador General de la República, o por las minorías legislativas.
El campo de acción de los ombudsman también se ampliaría en cuanto a los asuntos que pueden atender, pues sería levantada la prohibición de que conozcan de quejas en materia laboral.
Lo que seguiría vedado para las comisiones, serían los temas electorales y los casos donde ya exista un juicio.
En uno de sus artículos transitorios, la iniciativa que enviará el Ejecutivo al Senado también contempla que la Corte lleve a cabo una revisión de oficio de todas las leyes vigentes, para determinar si en ellas existen violaciones a la protección constitucional de los derechos humanos.
La Suprema Corte de Justicia contará con un año, a partir de la publicación del presente decreto, para ejercitar las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que se encuentren vigentes y que vulneren la protección constitucional a los derechos humanos, dice la iniciativa.
Sería la primera vez en...
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