Proceso y propósitos de la Reforma Penal de 2008
| Autor | Juan Pablo Piña Kurczyn - Jonathan Salas Olivares |
| Páginas | 779-793 |
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¿Queréis prevenir los delitos? Haced que las leyes sean claras, sencillas, y que toda la fuerza de la nación se encuentre condensada para defenderlas, sin que, por el contrario, ninguna parte de la misma se emplee en destruirlas. Haced que las leyes favorezcan menos a las clases sociales que a los hombres mismos.
CESARE BECCARIA
Toca ahora el turno a lo relativo a los objetivos de la reforma penal del año 2008.
Si bien las disposiciones jurídicas que habrán de aplicarse, esto es, como Derecho vigente, quedan perfectamente claras en nuestro ordenamiento constitucional (y las leyes secundarias respectivas), no ocurre así con los objetivos.
Es por ello que trataremos de desentrañar los objetivos que pretendían alcanzarse con la reforma constitucional en materia penal.
Como bien señala don Sergio García Ramírez, "Una reforma constitucional -y sobretodo una reforma con ambición y alcance muy grandes- debe ser examinada en función de la circunstancia que la genera y en la que se desarrolla; y más todavía, de la que estará llamada a gobernar"
De hecho, algunos autores se reieren a ésta como la reforma más importante del siglo, y así la consideramos, al menos en lo que se reiere a la materia penal. Por ello, estamos obligados a hacer una breve referencia al contexto histórico en que ésta se lleva a cabo.
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Dicha reforma se realiza en un momento en el que el Ejecutivo Federal reconoce que hay un problema de inseguridad y aumento en la crimfinalidad.
En los planes de desarrollo de 1995-2000 y de 2001-2006 aparece la advertencia de la delincuencia organizada como un riesgo a la seguridad nacional, y en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 surge ya como un asunto de seguridad nacional
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 1999 y 2003:
· Cuando se relacionan las cifras delictivas con el tamaño de la población se concluye que hubo un crecimiento delictivo en nuestro país.
· Los presuntos delitos fueron superiores a los delitos sentenciados. La relación es la siguiente: en el 2003, por cada 10 000 delitos sentenciados se re-gistraron 13 349 presuntos delitos. Clasiicados por fuero; en el común, por cada 10 000 delitos sentenciados, se registraron 13 585 presuntos delitos; en el federal, por cada 10 000 delitos sentenciados, se registraron 12 126 presuntos delitos.
· Los delitos del fuero común fueron superiores a los delitos del fuero federal.
En el año 2003, por cada 10 000 presuntos delitos del fuero federal se regis-traron casi 58 000 presuntos delitos del fuero común. Asimismo, por cada 10 000 delitos sentenciados en el fuero federal, se sentenciaron 51 756 delitos en el fuero común
Al comienzo del sexenio del presidente Vicente Fox (2000) se creó la Secretaría de Seguridad Pública, quitando esa función a la Secretaría de Gobernación. Tam-bién se suspendieron y modificaron programas fundamentales, lo cual desmanteló al Sistema Nacional de Seguridad Pública en ese momento
Paralelamente, la reforma anunciada para transformar a la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República quedó inconclusa.
En el año 2005, en un estudio elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) de la Coparmex, con información del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se estimó que el costo de los crímenes y la violencia en México era equivalente al 15% del PIB (108 000 millones de dólares anuales). Se concluyó que, desde la perspectiva comparativa, el costo económico de la delincuen-
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cia en México superaba la deuda pública externa del país, que era de 73 635 millones
de dólares, y la recaudación de impuestos, que era de 80 000 millones de dólares
En términos comparativos, los recursos públicos asignados a la seguridad pública durante el periodo 1999-2006 fueron superiores al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para la función salud en el ejercicio iscal 2006, el cual ascendió a 233 982.5 millones de pesos
Posteriormente, al iniciarse el gobierno de Felipe Calderón, los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública decidieron unir temporalmente sus fuerzas en materia de seguridad. La Conferencia Nacional de Gobernadores entró en pánico por la ola de violencia que invadía sus entidades, así como los consejos estatales de seguridad pública y los presidentes municipales, quienes registraron el avance de los cárteles en sus respectivos ámbitos durante la Conferencia Nacional de Participación Municipal en Seguridad Pública
La CEPAL reportó en 2006 que México recibió inversión extranjera directa por 18 939 millones de dólares (4% menos que en 2005). El segundo sitio en este renglón fue ocupado por Brasil, con 18 782 millones de dólares (24.6% más que el ejercicio previo), y el tercero por Chile, con 8 053 millones de dólares (15.7% superior a la de 2005)
Así, México fue el único entre los tres principales receptores de la región que en 2006 registró una tasa negativa de crecimiento en el lujo de inversión extranjera directa.
Según la base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, del periodo 2006-2010, 85 municipios concentraban el 70% de estos delitos en el país
Por su parte, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) percibió una reacción por parte del crimen organizado a consecuencia de la llamada "guerra contra las drogas" declarada por parte del Estado mexicano.
Tomando como unidad de medida el número de delitos, podemos notar que la incidencia delictiva en nuestro país se había incrementado. En 1999, de acuerdo con las estadísticas judiciales en materia penal del INEGI, se reportaron 224 451 presuntos delitos, mientras que en 2003 estos se incrementaron a 241 860 presuntos delitos. En 1999 se sentenciaron 168 741 delitos, en tanto que en el 2003 fueron 181 182 delitos sentenciados
Así pues, se observa que la incidencia delictiva no sólo no se había detenido, sino que presentaba una tendencia a la alza.
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Una vez realizado este importante reconocimiento de un problema evidente en el aumento de la crimfinalidad, se debía relexionar acerca de cómo hacer frente a este lagelo.
La decisión que se tomó por entonces fue reformar el sistema de justicia penal de nuestro país, tema que no era nuevo, ya que en el año 2004 el Presidente Vicente Fox había presentado una iniciativa con el objetivo de introducir en nuestro país el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Sin embargo, ésta no prosperó.
De hecho, la idea de reformar nuestro sistema de justicia penal es muy anterior a esa fecha; y de la reforma constitucional podemos afirmar que es el resultado de un lento proceso de iniciativas, propuestas y consensos.
Inclusive, algunas entidades federativas decidieron incursionar en el tema del sistema acusatorio antes de que se llevara a cabo la reforma constitucional. Es el caso de los siguientes estados:
· Nuevo León, en el año 2004.
· Estado de México, en el año 2006.
· Chihuahua en el año 2006.
· Oaxaca en el año 2007.
Posteriormente, en marzo de 2007 el Presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó una iniciativa para reformar el sistema de justicia penal, introduciendo un sistema de justicia penal acusatorio ante el Senado de la República.
Posteriormente, entre 2006 y 2007, en la Cámara de Diputados se presentaron diez iniciativas, que fueron las que derivaron en la reforma al sistema de justicia. Dichas iniciativas fueron dictaminadas en su conjunto el 10 de diciembre de 2007.
Finalmente, fueron estas 10 iniciativas las que originaron la reforma al sistema de justicia penal que se publicó el 18 de junio de 2008.
Por otro lado, debemos señalar que era sólo cuestión de tiempo para que en México se realizara esta transición en nuestro país, puesto que era una tendencia que había comenzado ya en Centro y Sudamérica: Argentina (1991), Guatemala (1994), Costa Rica (1998), El Salvador (1998), Venezuela (1999), Chile (2000), Paraguay (2000), Bolivia (2001), Ecuador (2001), Nicaragua (2001), Honduras (2002), República Dominicana (2004), Colombia (2005) y Perú (2006)
De hecho, podemos afirmar que nuestro país hizo un reconocimiento tardío de la necesidad que existía de realizar una reforma al sistema de justicia penal.
Dicha reforma se nos ha presentado como la panacea, el hilo negro o la solución a nuestros problemas de crimfinalidad. Inclusive se ha caído en el extremo de utili-zar argumentos falaces o invenciones en relación con el sistema inquisitivo, a in de satanizarlo y convencernos de las bondades del nuevo sistema.
Cabe resaltar que no estamos en contra del nuevo sistema; simplemente, no consideramos que el sistema anterior, mal llamado "inquisitivo", fuera del todo malo.
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Otro dato que resulta importante apuntar es el hecho de que, al contrario de lo que muchos piensan, no es la primera vez que se instauran en México los juicios orales.
En México, los juicios orales se han pretendido instalar en tres ocasiones: la primera, en las reformas constitucionales de 1857, la segunda en las reformas de 1917, y la más reciente en el 2008
La implementación del nuevo modelo de justicia penal acusatorio ha enfrentado y seguirá enfrentando grandes retos y obstáculos, sin embargo no es el tema que nos ocupa en esta ocasión.
Reiriéndonos a los objetivos de la reforma, resulta interesante traer a colación las palabras de Pedro Joaquín Coldwell, quien fungía como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores:
Así, cuando nos planteamos ¿qué objetivos se buscaban con esta reforma?, tratamos de plasmar una reforma que...
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