Procesan otra vez a ligado a 'Estafa'
| Autor | Abel Barajas |
Un juez federal volvió a procesar a Armando Saldaña Flores, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu), por una presunta contratación indebida de más de 185 millones de pesos en el caso de la llamada "Estafa Maestra".
Saldaña fue el primero en denunciar la falsificación de documentos, como mecanismo para desviar recursos en la secretaría entonces a cargo de Rosario Robles, tras descubrir que su propia firma fue falseada en este mismo asunto, hecho que la propia Fiscalía General de la República corroboró en un peritaje.
A pesar de lo anterior, en cumplimiento a una reposición del procedimiento ordenada por un tribunal colegiado, el juez de control federal Jesús Eduardo Vázquez Rea decidió vincularlo a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
El proceso contra Saldaña fue por supuestamente suscribir el convenio con el que la Sedatu contrató a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) para automatizar el registro, control y seguimiento de la información del Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero, por 185 millones 839 mil 480 pesos.
Durante una audiencia celebrada el pasado martes 24 de diciembre en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el juzgador desestimó el dictamen pericial de la FGR en el que concluye que es apócrifa la firma atribuida a Saldaña en dicho convenio.
Vázquez Rea adujo que este estudio forense fue practicado sobre uno de los seis ejemplares originales del contrato cuestionado y que, por tanto, no habrá certeza total de la falsificación de la rúbrica, hasta que sean dictaminados por peritos los otros cinco originales.
Cabe decir que desde hace más de un año, la Fiscalía ha llevado a cabo varias diligencias dentro y fuera de la Ciudad de México para tratar de allegarse de los demás originales del convenio, sin que hasta ahora los haya obtenido.
"Se concluye que la prueba (el peritaje en gafoscopía) no desarma por sí sola el caudal convictivo (...) Además, quedó establecido que se pagaron los más de 185 millones de pesos", dijo el juez de control durante la audiencia.
"No se exige como condición para procesar que sea indudable que se haya cometido un delito, sino que exista la posibilidad de que existan hechos con apariencia de delito, sin que ello implique que se destruya la calidad de inocente del vinculado".
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