Empresa/ Pripuesta

AutorAlberto Barranco Chavarría

La historia vuelve a repetirse: si en 1998, en la desesperación del Gobierno zedillista por legitimar la colosal deuda fiscal comprometida para el rescate bancario, se le dio carta abierta a la fracción parlamentaria panista para ubicar la salida del laberinto, hoy, en la urgencia de ofrecer señales de armonía política en lo esencial, la batuta de la Reforma Fiscal le toca al PRI.

Y como entonces, si el régimen anterior dobló las manos en su exigencia de convertir en deuda pública el fardo de 750 mil millones de pesos y de dividir al Fondo Bancario de Protección al Ahorro en dos instancias: una de administración de los préstamos vencidos y otra de cobranza, hoy el foxismo soslaya la columna vertebral de su propuesta, es decir, el IVA a tasa general en alimentos, medicinas y transporte...

... Por más que la batalla final insistirá en al menos una tasa simbólica, aun cuando existan excepciones en renglones ubicados como básicos, y por más que la gran ofensiva se lanzará contra la posibilidad de implantar un impuesto especial para operaciones financieras, a imagen y semejanza de Brasil y Argentina.

De hecho, la prueba más evidente de que lo importante es la señal, la constituye el hecho de que la Subsecretaría de Egresos de Hacienda diseña el presupuesto para el año próximo sobre una base de recaudación idéntica a la proyectada para éste.

Lo cierto es que la propuesta priísta que hasta hoy se ha puesto en la mesa, se inicia con una andanada contra la iniciativa de Nueva Hacienda Distributiva del Presidente Vicente Fox, a la que califica de "incompleta, insuficiente e inequitativa", aduciendo que ignora el problema de la injusticia en la distribución de la carga impositiva, al basar el esfuerzo tributario en el IVA, impuesto por naturaleza regresivo.

Según el partido que mantuvo durante 71 años el poder, la ofensiva, en tal caso, deberá orientarse hacia cinco puntos:

- Lo anticuado y la insuficiencia de las normas que regulan el proceso presupuestario y el agotamiento del régimen de coordinación fiscal vigente.

- La dependencia de la hacienda pública sobre los ingresos de la explotación de los hidrocarburos.

- El costo creciente del financiamiento a las pensiones.

- La insuficiencia de ingresos fiscales en los tres órdenes de Gobierno y la injusta distribución de la carga impositiva.

- La inseguridad jurídica producto de una administración fiscal ineficiente, alta evasión y enorme complejidad para el cumplimiento de las obligaciones...

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