'La Presidencia moderna'
| Autor | Liébano Sáenz |
Se puede señalar que el bajo prestigio del Congreso es provocado por el Ejecutivo o, incluso, por la dificultad de que un órgano colegiado, plural y en el que el debate es la tarea regular, tenga una adecuada presentación pública. Algo semejante puede advertirse en los partidos, pues en la medida en que una de sus funciones recurrentes es participar del debate público y la competencia electoral, ello propicia un costo de imagen frente a una sociedad que aprecia mucho más el entendimiento y el orden que el ruido propio de la democracia. No obstante, la cuestión no puede reducirse a una simple idea de percepción; el problema va más allá y tiene que ver con las dificultades que existen en el régimen presidencial, especialmente en situaciones de gobierno dividido, para un adecuado entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Lo crucial es que el presidente pueda cumplir a plenitud sus responsabilidades con apego al mandato mayoritario que lo llevó al poder. La gobernabilidad no es sólo cuestión de equilibrio entre las demandas públicas y la capacidad del gobierno para hacerles frente. La naturaleza de un régimen presidencial, especialmente si el mandatario tiene origen en el voto popular directo, implica no sólo la exigencia de buen gobierno, sino la representación del conjunto del Estado y de la Nación. El régimen debe dotar al mandatario de las facultades y atribuciones que le permitan cumplir sus responsabilidades frente a un Poder Legislativo independiente, activo, riguroso en el cumplimiento de sus funciones, pero a su vez responsable de la buena marcha de los asuntos públicos y sujeto a una ética de responsabilidad.
Hay acuerdo en considerar la posibilidad del funcionamiento de una democracia sólo cuando la mayoría de sus componentes comparten principios y valores básicos, tales como la unidad a partir de la diversidad, la sujeción a las reglas existentes y una afinidad en el propósito último del quehacer político. Las diferencias son inevitables y hasta necesarias, pero debe haber acuerdo en los procedimientos que garantizan la coexistencia, así como en el interés de preservar y cuidar a las instituciones democráticas.
Para aceptar y respetar la diferencia social y la pluralidad es necesario concebir al sistema político como una amplia red de relaciones recíprocas a partir de funciones diversas y diferenciadas, donde la crítica más radical tiene cabida.
La política propia de la gobernabilidad democrática muestra la búsqueda de una aplicación precisa del Poder, el cual es cedido por el ciudadano a través de un mecanismo democrático fundado en la representación política para recibir a cambio seguridad, paz, certeza, derechos fundamentales y, a la vez, cuidado y defensa. La Constitución asume esta tesis al establecer que "Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno." Cada proceso de elección es un refrendo implícito de la cesión del poder y aprobación de la forma de gobierno.
El ejercicio del poder no es único, sino diferenciado en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El artículo 49 constitucional establece: "No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar".
El Legislativo es el espacio propio de la representación política. La pluralidad de su integración y atribuciones ofrece la posibilidad de crear y aprobar normas de aplicación general; su tarea es participar en la designación de ciertos funcionarios, el control...
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