Presentación
| Autor | Jaime Cárdenas Gracia |
| Páginas | 16-20 |
XIX
PRESENTACIÓN
Para nosotros, la corrupción entraña la presencia de tres variables, que deben
ser desmontadas: ejercicio del poder sin controles jurídicos y sociales ade-
cuados por la debilidad del sistema de división de poderes y/o desarticula-
ción social; impunidad, porque los que vigilan la corrupción dependen en sus
nombramientos de los vigilados, y ausencia de mecanismos de participación
ciudadana para que la sociedad vigile y supervise permanentemente a sus
autoridades, y para que en las principales decisiones la comunidad apruebe
los asuntos de mayor trascendencia. El sistema nacional anticorrupción hoy
vigente, desde nuestro punto de vista, no atiende con suficiencia ninguno de
los tres factores.
Sin un control social efectivo, el combate a la corrupción tampoco po-
drá ser efectivo. Por esa razón, reclamamos armas jurídicas para la socie-
dad, tales como mecanismos de democracia directa, la legitimación procesal
en los asuntos de trascendencia pública, la protección de múltiples intereses
amicus curiae, y la acepta-
ción jurídica de instituciones como el derecho a la resistencia. Igualmente,
estimamos que las diferentes formas de protesta social y de desobediencia
civil deben ser valoradas por su contribución a la crítica, la transformación
y el desarrollo social.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, parte importan-
te del sistema nacional anticorrupción, aquí se describe, se problematiza
ellas, las siguientes:
El artículo 5o. de la ley excluye como servidores públicos sujetos a la
misma a los consejeros independientes de las empresas productivas del Es-
tado y a otros funcionarios equivalentes. Esos servidores públicos están au-
torizados a violar la Ley de Responsabilidades impunemente.
No son plenamente públicas las declaraciones patrimoniales, de interés
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