La política rural en el centro del proceso de integración nacional / Del liberalismo porfiriano al 'desarrollo compartido' (1876-1982)
| Autor | Eric Léonard/Jean Foyer |
| Páginas | 41-104 |
CAPÍTULO 1
LA POLÍTICA RURAL EN EL CENTRO DEL PROCESO
DE INTEGRACIÓN NACIONAL
DEL LIBERALISMO PORFIRIANO
AL “DESARROLLO COMPARTIDO”
(1876-1982)
PRÓLOGO: ALGUNAS INCI DENCIAS ESTRUCTURALES
DE LA HERENCIA COLONIAL HISPÁNICA
Una corriente cada vez más importante en el estudio de los vínculos
entre procesos globales y transformaciones de las sociedades nacio-
nales insiste en cómo las trayectorias históricas de las instituciones
políticas y sociales determinan las formas de integración de los paí-
ses en sus relaciones internacionales, y cómo también van integrán-
dose factores exógenos de alcance global (es el caso del desarrollo
sustentable y de la liberalización económica) a factores “endogenei-
zados” propios del desarrollo nacional. Los procesos de movilización
ideológica y de diseño institucional que han caracterizado el eje de
las intervenciones estatales en México han estado profundamente
marcados por algunos rasgos estructurales de la organización polí-
tica y económica del imperio colonial español y del virreinato de la
Nueva España. Estos rasgos estructurales explican en gran medida
el carácter centralizador de las políticas nacionales mexicanas, en
comparación con otros países que comparten la misma organización
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constitucional (particularmente el federalismo) y su tipo de inser-
ción inicial en la economía mundial, como sucede con Brasil.
Al respecto, es imprescindible subrayar brevemente varios as-
pectos. En primer lugar, el régimen de gobernanza colonial combi-
naba aspectos de una fuerte centralización formal de los poderes
militares, jurídicos, administrativos y comerciales y una incapaci-
dad crónica del Estado para ejercer un verdadero control sobre los
responsables de ejercer dichos poderes. Esto desembocó en una or-
ganización de la sociedad dividida en “órdenes”, a los que se otorga-
ban monopolios para ejercer determinadas funciones o para contro-
lar determinados recursos. En la esfera del gobierno político, los dos
componentes de la población, indígena e hispano-mestizo, estaban
regidos por órdenes jurídicos diferentes, división que supuestamente
apuntaba a proteger la propiedad comunal y las instituciones de go-
bierno de los pueblos indios contra la expansión de los intereses
económicos españoles y criollos. La actividad comercial también es-
taba regulada mediante la creación de monopolios sobre determina-
dos productos y espacios específicos de intercambio: por una parte,
el monopolio de la corona sobre los insumos de la actividad minera
y las exportaciones de plata, el comercio del tabaco, de la pólvora o
de los naipes; por otra, el que ejercía el Consulado de Comercian-
tes de Cádiz sobre el comercio de bienes de consumo entre España
y sus colonias.9 Esta organización se reencontraba en los intercam-
bios internos del virreinato de la Nueva España, donde el Consula-
do de Comerciantes de la ciudad de México poseía un monopolio de
9 Se añadía a este monopolio la prohibición del comercio entre las diferentes colo-
nias del imperio y en par ticular entre los virrei natos de Perú y Nueva España a
través de las r utas del Pacífico.
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negocios entre las provincias y las alcaldías de la colonia. A pesar de
un comercio de contrabando muy próspero durante el periodo colo-
nial y los 50 años siguientes a la independencia de 1821, la concen-
tración de los intercambios internacionales en tan sólo dos puertos
−Acapulco, para el comercio con Filipinas y el Extremo Oriente, y,
sobre todo, Veracruz, para el comercio con España y la zona del
Caribe− permitió que estos monopolios desempeñaran un papel re-
lativamente eficiente hasta las reformas liberales de la monarquía de
los Borbones alrededor de 1790.10
El corolario de esta organización centralizada del gobierno po-
lítico y económico en el nivel de la colonia de la Nueva España
consistió en multiplicar los privilegios y las exenciones para acceder
a determinados recursos, en especial los que correspondían a los
empleos públicos, y en concentrar los poderes regalicios del Estado
en manos de algunos de sus representantes a escala local y provincial
con el fin de controlar esta organización político-administrativa.
Esta gobernanza revistió así las galas del “despotismo descentraliza-
do” descrito por M. Mamdani (1996) a propósito de las sociedades
coloniales y poscoloniales africanas. Imponía a los agentes econó-
micos un tipo de funcionamiento extremadamente politizado que
se apoyaba en redes de parentesco, alianzas o influencias familiares,
mediante las cuales se adjudicaban privilegios para acceder a algu-
nos recursos estratégicos (entre otros, los créditos subvencionados,
10 El carácter efectivo de esta centraliz ación no puede desligarse de una tradición pre-
hispánica y de la organi zación del Estado azteca, cuyo dispositivo f iscal, comercial
y polític o ya se concentraba en la ciudad de México-Tenochtitlán. La diferencia
con la organiz ación de la economía colonial brasi leña es asombrosa, ya que ésta se
fincaba en enclaves muy poco c onectados entre sí, ca da uno de ellos de pendiente
de su propio puerto (Recif e, Salvador de Bahía, R ío de Janeiro, Santos) y con una
gran autonomía en térm inos de actividad comercial .
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