Con el poder del cash
| Autor | Adriana Greaves, Estefanía Medina y Max Kaiser |
Como carta de presentación para agilizar trámites, frenar denuncias o financiar campañas, el efectivo corre y se distribuye sin que fiscalías anticorrupción logren detener a responsables o sin la posibilidad de que complejos sistemas digitales rastreen su procedencia.
Es el poder del cash.
El cómplice silencioso de la corrupción
Adriana Greaves y Estefanía Medina
Un día como cualquier otro en la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo suena el teléfono. Sin embargo, esa llamada no era como cualquier otra. Era el llamado del auditor pidiendo auxilio para detener a cuatro funcionarios del Registro Público de la Propiedad por corruptos. El Ministerio Público en el teléfono pregunta qué es lo que pasa y porqué los quieren detener. El auditor responde que, en una revisión de rutina, llegaron a sus escritorios y encontraron que entre cuatro funcionarios del Registro tienen alrededor de 800 mil pesos en efectivo, lo que no tiene una lógica porque ellos no reciben dinero en efectivo. Los cuatro funcionarios dijeron que se trataba de dinero de una "tanda" lo cual resulta un poco extraño, porque sus salarios eran de alrededor de 8 mil pesos.
Sin titubear, el Ministerio Público envió policías, logró la detención de los cuatro funcionarios y en tiempo récord de 48 horas se abocaron a investigar. Peritajes, cateos, dictámenes y desvelos. Para descubrir que los 800 mil pesos de la supuesta tanda no eran más que la punta del iceberg.
Que los funcionarios vivían en zonas exclusivas de la Riviera Maya, portando efectivo, objetos y vehículos que no correspondían, pero ni por asomo, con sus ingresos. Después de una ardua investigación llegó el momento de la verdad ante un juez. Ahí, en una audiencia pública, el Juez decidió vincularlos a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito y permanecieron en prisión preventiva.
Por más sorprenderte que parezca, de acuerdo con la ley de esa entidad, la sanción que puede imponerse en el caso de un enriquecimiento ilícito es de entre seis meses a tres años. Esto permitió que los funcionarios agarrados con "las manos en la masa" pronto pudieran salir bien librados, a través de una suspensión condicional del proceso. Es decir, que simplemente devolvieron el dinero con el que fueron detenidos, se comprometieron a no salir del Estado por unos meses y que se les dieran cursos de integridad. Dejaron a los fiscales a cargo del caso llenos de frustración, pues, pese a los recursos y esfuerzos invertidos, la ley es suave con...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba