Plaza Pública / ¿Secuestradores?
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
No son en absoluto edificantes las conductas cometidas en febrero y abril del año pasado contra funcionarios mexiquenses por activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco. Merecen reproche penal, porque en efecto retuvieron, en uno de los casos por dos días, a personas a las que además, según la acusación, vejaron y amagaron de muerte.
El 8 de febrero de 2006 el subdirector de gobernación del estado de México con sede en Texcoco, Rosendo Rebolledo Montiel, encaró una protesta de activistas atenquenses que reclamaban la libertad de un ejidatario, preso por haber dividido su parcela sin autorización de la asamblea ejidal. Cuando la inicial acusación se desmoronó, para mantenerlo en prisión se le acusó de haber violado a su propia hijastra. Al parecer las denuncias carecían de fundamento porque no se le inició proceso por ninguna de ellas. Pero mientras se definía su situación legal, los activistas pretendieron obtener por la fuerza la libertad del ejidatario reteniendo a Rebolledo Montiel, quien permaneció cautivo 48 horas, aunque sin ser maltratado según su propio dicho. Conforme a la acusación contra quienes lo privaron de su libertad, se le habría llevado atado a una plaza donde fue vejado. En aquel momento, sin embargo, la situación habría concluido hasta con un apretón de manos entre el funcionario dejado en libertad y los líderes que lo retuvieron.
Dos meses después, el 6 de abril, esos activistas esperaban la llegada del secretario de Educación del estado, Isidro Muñoz, que se había comprometido a atender peticiones locales, sobre el mal estado de la primaria municipal y para construir una para discapacitados, llamada Papalótl, así como otros apoyos a los servicios educativos. El secretario no acudió y envió en su lugar a sus colaboradores Antonio Palma, Jesús Cimbrón, Maclovio Zurita, Israel Malpica y Cristóbal Reyes quienes, ya fuera porque estaban incapacitados para tomar decisiones, o porque se cebó en ellos el despecho de los pobladores plantados por el funcionario superior, fueron retenidos en el auditorio durante un largo tiempo, en que los propios activistas tampoco salieron del lugar. La irritación de los pobladores los condujo a atar cohetes a la cintura de los servidores públicos, para preservarse de un ataque de los granaderos que rodeaban el auditorio. La concertación de una nueva cita con el secretario puso fin al episodio.
Se trata de conductas que nadie puede cohonestar, porque ni...
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