Plaza Pública/ Tribunal calificador
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
Expresó ayer Vicente Fox, en el Monitor de Radio Red, su deseo que "esos cinco señores" no intervengan en el momento final de la elección de presidente de la República. Se refirió a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Antes, cuando resolvieron contra su pretensión de que las boletas electorales ostentaran su efigie, los había llamado pillos, como tildó de marranadas sus resoluciones. Cuando un candidato presidencial, que insiste en presentarse como ya el ganador, lo ignora todo del órgano jurisdiccional que calificará la elección de que es protagonista, es hora de hablar extensamente de ese Tribunal.
Son siete, no cinco, los integrantes de su sala superior, la que de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución "realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de Presidente electo respecto del candidato que hubiere tenido el mayor número de votos".
De modo que, quiéranlo o no los candidatos, haya o no impugnaciones, el Tribunal dirá, en forma "definitiva e inatacable" la última palabra en el proceso electoral. Sólo en un indeseable panorama que fracture entera y estrepitosamente la organización institucional de las elecciones cabría esperar una intervención de la Suprema Corte de Justicia, dotada por la Constitución de una facultad excepcionalísima. El artículo 97 la autoriza a "practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión". Si no se llega a esa situación extremísima, es a los siete señores, los magistrados del Tribunal, a quienes corresponde cerrar el proceso.
Su intervención en ese punto ocurrirá ésta por primera vez en la historia. Todavía la elección presidencial de 1994 fue calificada políticamente, mediante un colegio electoral. La Cámara de Diputados, después de practicar la autocalificación, se erigía en el órgano calificador, declaraba la validez de la elección presidencial y expedía la declaratoria de Presidente electo. La reforma constitucional de 1996 trasladó ese trascendental paso, esa decisión que se une a la voluntad popular para generar un poder, al Tribunal.
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