Plaza Pública/ Tareas Inmediatas
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
Mañana se cumplen cinco años del frustrado intento del Gobierno federal por aplastar la rebelión zapatista mediante una acción policiaca y militar. La miopía histórica y política exhibida entonces, comprobada con la persistencia del conflicto, fue mostrada una vez más al hacer entrar a la Policía Federal Preventiva (PFP) en las instalaciones de la Universidad Nacional. La toma de sus establecimientos fue sólo la expresión de problemas de fondo. El desalojo de los paristas, por lo tanto, remedia sólo el síntoma y a cambio añade dos ingredientes graves al ya espeso y maloliente caldo cocinado a lo largo de nueve meses y medio, sazonado con errores e intransigencias de una y otra parte.
Esos nuevos ingredientes son la persecución judicial a los paristas y la presencia policiaca en el campus universitario. El combate al primero se expresa con la idea general de liberar a los huelguistas presos, pero la realidad a que se refiere es más ancha y compleja. Comprende cuatro situaciones jurídicas distintas, con subclases por la edad de los afectados. Se trata, en primer lugar, de la solicitud del Ministerio Público federal de 432 órdenes de aprehensión. No se tiene noticia pública sobre los destinatarios de esa petición, y sólo hay supuestos sobre las denuncias que las motivan. Al parecer se refieren al delito de despojo denunciado por la Universidad Nacional en julio pasado, por lo que acaso pueden quedar sin efecto por el desistimiento practicado ayer mismo por el abogado general de la UNAM, Fernando Serrano Migallón, en cumplimiento de la orden dominical del Rector Juan Ramón de la Fuente. Tal desistimiento formaba parte de la propuesta aprobada por el plebiscito del 20 de enero, y su cumplimiento estaba sujeto a la conclusión de la huelga.
Ante el desalojo policiaco, la Rectoría asumió de inmediato y unilateralmente la aplicación de esa parte de su respuesta a los huelguistas. Respecto de esas presuntas órdenes de aprehensión, pues, no es posible demandar la libertad de los afectados, porque la mayor parte de ellos no han sido detenidos, sino el que tal libertad no se ponga en riesgo. A ese mismo propósito se dirige la demanda de amparo para 100 paristas que sus abogados particulares han emprendido.
El 1 de febrero, tras la zacapela en que resultaron heridos miembros del personal de seguridad de la UNAM y personas contratadas ese mismo día para el resguardo del plantel número tres de la Escuela Nacional Preparatoria, fueron detenidas 246...
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