PLAZA PÚBLICA / Supervisión militar
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Insatisfecho con el apoyo que el Gobernador José Guadalupe Osuna dio a su Procurador, Rommel Moreño (así, con eñe) Manjarrez, ante el grave panorama pintado por el general Sergio Aponte Polito, el Ejecutivo local fue llamado a capítulo. En la Secretaría de la Defensa Nacional, con la presencia del titular de ese ramo y (por no dejar) del Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el Gobernador fue encarado con el Comandante de la Segunda Región Militar y conminado a corregir el funcionamiento de esa sensible área de la Administración local, que constituye el principal saldo rojo de los Gobiernos panistas en aquella entidad.
Uno de los factores que determinaron la victoria de Ernesto Ruffo el 2 de julio de 1989, cuando por primera vez el partido Acción Nacional llegó al Poder Ejecutivo de una entidad, fue la combinación de violencia e impunidad que hartaba a Baja California. Jesús Blancornelas insistió desde entonces que el Gobernador priista Xicoténcatl Leyva (el último de esa filiación elegido en las urnas) había abierto las puertas al narcotráfico, con su secuela de armamentismo y corrupción. Uno de los anhelos de esa sociedad hastiada de los abusos y la corrupción priista fue hallar una conducta diferente en la procuración de justicia. Por eso los ciudadanos votaron por el PAN. Se llevaron un chasco.
Fue comprensible que Ruffo se encontrara con la dificultad de nombrar funcionarios que a su honestidad aunaran experiencia, ya que su partido apenas había gobernado Municipios. El interino que sustituyó a Leyva Mortera, Oscar Bailón, modificó la ley para impedir que fuera procurador el recio Salvador Rosas Magallón, pues fijó un tope de edad ya rebasado por el líder histórico del panismo bajacaliforniano. De ese modo, el primer procurador de un Gobierno del PAN fue un priista, Eduardo Krauss, quien no hizo huesos viejos en el cargo. Lo sustituyó Juan Francisco Franco, quien fue involucrado en varios casos en que agentes de la Policía judicial (o ministerial) protegían a narcodelincuentes. Veinte días antes del asesinato de Luis Donaldo Colosio agentes de la Policía Judicial federal y de la local se trenzaron en una balacera. La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado (primera de su tipo en la República) señaló entonces que "no se podía determinar cuál de las dos corporaciones o si ambas protegían a narcotraficantes". En noviembre anterior se habían hallado credenciales de la Policía bajacaliforniana después de un enfrentamiento en...
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