PLAZA PÚBLICA / Mouriño, SME, Reforma
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Seguro de que sus dos entrevistas del jueves pasado (una en privado con Manlio Fabio Beltrones, la otra en público con Joaquín López-Dóriga) y la ronda de conversaciones radiofónicas del viernes habían apuntalado su frágil posición, dañada por las revelaciones sobre su verdadera personalidad, el Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, acudió el sábado al Encuentro Nacional de Legisladores del PAN, en Guanajuato. Allí habló de temas que no le conciernen y de los que poco o nada sabe.
Se refirió a la eventual huelga eléctrica en el Distrito Federal y los estados vecinos, servidos por Luz y Fuerza (LyF), que comenzaría el próximo domingo, de no renovarse el contrato colectivo entre ese organismo público y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). "Esto podría generar problemas serios para la zona centro del país", dijo a sus correligionarios, que lo arroparon en la delicada condición en que se encuentra y se solidarizaron con él sólo con base en su palabra y la común convicción de que siendo todos gente decente han de ser falsas las imputaciones que se le asestan, por más que el propio Mouriño haya reconocido que firmó contratos con Pemex como si fuera un particular siendo que era legislador o funcionario público.
No es posible desestimar los efectos de una suspensión de la energía eléctrica en la gran aglomeración urbana que ya casi hace realidad la continuidad urbana que permitió al economista Edmundo Flores bautizarla como Mexcuepuetopa, acrónimo que resulta de la sílaba inicial de las ciudades que serían una y la misma: México, Cuernavaca, Puebla, Toluca y Pachuca. Pero tampoco es necesario exagerarlos pintando un panorama negro. La legislación permite al Estado practicar la requisa en tratándose de servicios públicos. Tal operación es contraria al derecho de huelga, porque elimina el carácter de instrumento de presión que le es propio, pero asegura los derechos de la comunidad que resultaría afectada.
Por eso mismo el SME ha solido acordar los términos de la contratación y de la revisión salarial, para evitar que su fuente de trabajo sea requisada y prestado el servicio por operarios diferentes de los habituales. Los emplazamientos correspondientes suelen contener peticiones inadmisibles que, por lo mismo pronto son dejados de lado (como establecer en el contrato colectivo la perennidad de la compañía eléctrica, pactar lo cual escapa por entero al ámbito de posibilidades jurídicas de cada una de las partes).
Comprensiblemente...
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