Plaza Pública/ Sección instructora
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
Seguramente deberíamos ocuparnos aquí, hoy, por su carácter apremiante, de las necesidades suscitadas por el desastre que deja a su paso el voluble Isidore, especialmente pero no sólo en Yucatán sino también en las restantes entidades peninsulares. Ese es el género de problemas urgentes y sustantivos que reclaman la atención de la sociedad y, por ende, de los medios de información. Pero otros asuntos de semejante relevancia también han de ser abordados, sobre todo aquellos de cuyo funcionamiento dependen que se desbroce el camino hacia adelante. Es el caso del establecimiento de la sección instructora en la Cámara de Diputados.
Con holgura mayor que la esperada, pues al final se sumaron a la iniciativa del PAN y el PRD Diputados que no pertenecen a sus bancadas hasta sumar 273 Diputados (a cuya voluntad se opusieron 190), ayer quedó instalada la sección instructora de esa Cámara, el breve comité de cuatro miembros que a más tardar en 60 días debe proponer al pleno una declaratoria de procedencia o, de lo contrario, desechar la posibilidad de que Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, entre otros Legisladores cuyo desafuero ha sido pedido, sean sujetos de averiguación penal.
No se trata, por supuesto, de un tribunal. Si lo fuera, acaso se le podría combatir por violar el artículo 13 de la Constitución, que impide abrir tribunales especiales y establecidos con posterioridad a la acusación. La única resolución que debe emitir no implica pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones que llevan al Ministerio Público a solicitar la remoción de la inmunidad. Es una posición muy temprana, donde se expresa que a juicio de los Legisladores, ha lugar a que se inicie un proceso penal, antecedido de la averiguación previa correspondiente. En este momento, respecto de los dirigentes petroleros cuyo desafuero ha solicitado, la Procuraduría General de la República sólo tiene indicios, que someterá a la sección instalada ayer la cual, si los considera suficientes, dará luz verde para que continúe el procedimiento penal, a cargo de la PGR y los tribunales federales. También puede, por supuesto, encender la luz roja, y proponer al pleno que responda a la PGR que no es procedente su petición.
Salió avante el diseño concebido por el PAN y el PRD, que da a sus grupos el dominio sobre la actuación del pequeño comité. Lo presidirá un perredista, Ricardo Moreno Bastida. Y lo integran dos panistas: José Francisco Blake Mora -que será el secretario- y Cuauhtémoc...
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