Plaza Pública / Salinas Pliego legislador
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Poderoso caballero es Ricardo Salinas Pliego. Ha conseguido frenar, y quizá logre que se deseche, un proyecto de ley de mercado de valores que daña a sus intereses, porque lo expondría a una mayor vigilancia de la autoridad, como la que lo condujo a sacar de la bolsa neoyorquina a sus empresas, y provocó el litigio que mantiene en su contra el órgano fiscalizador bursátil norteamericano. La ley, además, dotaría de defensas a los accionistas minoritarios, algo contrario a lo que desean los controladores abusivos.
Salinas Pliego es más poderoso que todo el sector privado mexicano. Apenas anteayer, todas las agrupaciones de dicho sector, encabezadas por el Consejo Coordinador Empresarial, y en especial las que reúnen a los participantes en el mercado bursátil y en el campo financiero, urgieron a la Cámara de Diputados a "redoblar los esfuerzos legislativos a fin de aprobar la iniciativa de la ley del mercado de valores en los términos en que fue dictaminada favorablemente por las comisiones de Hacienda y aprobada por el H. Senado de la República". Aseguran las organizaciones empresariales que la minuta respectiva es "resultado de un profundo ejercicio parlamentario de intercambio de opiniones y formación de consensos para promover el bienestar del País", precedido de "un amplio proceso de integración de la iniciativa, en el que durante dos años diversos actores de la sociedad y participantes del mercado aportaron elementos para construir un proyecto que responda a las grandes expectativas del País, así como a las más relevantes tendencias internacionales en este campo".
En todo ese proceso, sólo se escuchó una voz contraria al proyecto que tras su aprobación en el Senado debería haber sido ya discutido y aprobado por la Cámara de Diputados. El Grupo Salinas, una de cuyas piezas principales es TV Azteca -comprada al Gobierno con un préstamo, todavía insoluto 12 años después, por 29 millones de dólares facilitado por Raúl Salinas de Gortari-, arguye que el documento legislativo "regula excesivamente" la actividad bursátil y tacha de "pragmatismo extranjerizante" el apego a las mencionadas tendencias internacionales recientes, derivadas de los abusos delictivos que no pocos controladores de empresas cometieron en perjuicio de sus accionistas. Descalifica a la legislación propuesta como un "intento de establecer a priori un modelo sobrerregulado que si bien funciona en el extranjero, tampoco ha mostrado un efecto de crecimiento en la actividad"...
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