Plaza Pública/ Represión en Hidalgo
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
Como en los peores tiempos de los cacicazgos disfrazados de Gobierno, el de Hidalgo lanzó el jueves pasado una feroz ofensiva contra el poblado de Mangas, en el municipio de Tezontepec de Aldama. La mejor evidencia de la desproporción represiva practicada contra gente inerme la ofreció la propia Procuraduría de Justicia, que tuvo que dejar en libertad a 172 personas aprehendidas con violencia, sin flagrancia ni la orden judicial correspondiente. Oficialmente fueron detenidas 189, por lo que sólo 17 habrían quedado presas el viernes, y luego el número se redujo. Aun más. Pero familiares de los afectados aducen que la cifra de aprehendidos fue mayor, unos 250. Y lo peor, eso lo digo yo, es que el Gobierno represivo es, en gran medida, causante del clima en que se gestan los hechos presumiblemente generadores de la acción policiaca.
Entre la comunidad agraria de Tezontepec y el municipio de Mixquiahuala hubo, hay, un conflicto por posesión de mil 899 hectáreas que es la extensión del predio conocido como Cinta Larga. El problema se suscitó en la época virreinal, y en su fase contemporánea se ha caracterizado por la irresponsabilidad de las autoridades agrarias y la veleidosa interpretación de la ley y de los hechos por parte de los tribunales. Se han emitido resoluciones y sentencias contradictorias, al grado de que un mismo tribunal ha resuelto en dos sentidos encontrados, todo lo cual no hizo más que embrollar las cosas y agrandar las expectativas de las partes. Ante la falta de definición legal inconcusa ante situaciones de hecho, más de una vez comuneros y ejidatarios se enfrentaron violentamente. Hace un año ocurrió el episodio más reciente y recio de los últimos años, antes de un ataque ocurrido la semana pasada, en que no hubo víctimas que lamentar.
En julio pasado, el Gobierno de Manuel Angel Núñez Soto decidió encarar ese problema, potencialmente muy riesgoso. Para hacerlo, firmó un convenio con los comuneros de Tezontepec de Aldama. Esos se comprometieron a desistirse de toda acción reivindicadora, no obstante que en ese momento la cambiante balanza judicial oscilaba a su favor. A cambio, recibirían 700 hectáreas de tierra cultivable en la región, más otras prestaciones (como casas habitación, una docena de tractores, un hospital y preferencia para becas en una prometida institución de enseñanza superior que se erigiera en la tierra de la discordia). Puras palabras.
El 14 de noviembre, el Partido de la Revolución Democrática perdió...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba