Plaza Pública / Reforma del Estado
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Sin oposición, el Senado aprobó anteayer la Ley de Reforma del Estado. Se espera que la semana próxima haga lo mismo, también de modo unánime, la Cámara de Diputados. Si el Ejecutivo la publica en la siguiente semana, la última de febrero, a mediados de marzo quedaría instalada la Comisión Ejecutiva materia de esa ley, que deberá actuar a toda prisa, pues la norma tiene una vigencia de 12 meses.
La ley surgió de una iniciativa presentada por el líder de la bancada senatorial priista, Manlio Fabio Beltrones, el 14 de noviembre pasado. Fue dictaminada un mes después, el 19 de diciembre, y fue presentada en primera lectura el 8 de febrero. La ley crea la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos "como órgano rector de la conducción del proceso de Reforma del Estado". Será una comisión muy poblada, compuesta por 26 personas: nueve diputados (el presidente de la Mesa Directiva y los coordinadores de cada una de las ocho fracciones representadas en San Lázaro), ocho senadores (el presidente de la Mesa Directiva, el presidente de la Comisión de Reforma del Estado y los líderes de los seis grupos que allí tienen presencia), los ocho presidentes de los partidos nacionales, y un representante del Ejecutivo. Contará con un secretario técnico y dos subcomisiones, redactora y de consulta pública.
Se trata de que el Poder Legislativo se pronuncie "obligatoriamente" sobre seis temas, dos de los cuales, los últimos, no figuran en la iniciativa de Beltrones y fueron añadidos por la dictaminadora: régimen de Estado y de gobierno; democracia y sistema electoral; federalismo; reforma del Poder Judicial; reforma hacendaria; y garantías sociales. No es una lista taxativa, sino indicativa, pero se dará prioridad a esos temas. El proceso de negociación y construcción de acuerdos constará de cinco etapas (no de seis, como dice la ley): presentación de propuestas, consulta pública, negociación y construcción de acuerdos, redacción de los proyectos, y aprobación, firma y presentación de iniciativas. Comenzaría entonces el proceso legislativo correspondiente a cada caso, no regulado por esta ley sino por la Constitución.
La norma por nacer partió de un diagnóstico que, leído a contrario sensu, revela sus objetivos: declara que "nuestro régimen político muestra signos de agotamiento", pues el presidencialismo "omnipresente y hegemónico" ha desaparecido y en su modalidad presente "cada vez encuentra mayores dificultades para construir mayorías...
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