Plaza Pública / Procuraduría general de ¿qué?
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
El jueves 7, casi a la misma hora en que conseguía autorización de la Cámara de Diputados para llevar a juicio a Andrés Manuel López Obrador, la Procuraduría General de la República dejó en libertad a Guillermo Montoya, destituido como director del penal de La Palma dentro de la más reciente crisis carcelaria, al que mantuvo detenido 90 días.
De ese modo la PGR mostró, en una sola fecha, su doble cara de exitosa protagonista de una maniobra política y la de su deficiente actuación en la defensa de los valores jurídicos de una sociedad. Montoya permaneció arraigado tres meses conforme a una estipulación de la ley de delincuencia organizada. Al cabo de ese lapso, la Procuraduría federal no quiso o no pudo obtener una orden de aprehensión. Si Montoya es responsable de los delitos que se barruntaban, disfrutará su impunidad. Si no lo es, se le arrebató injustamente la libertad durante 90 días.
Es semejante el caso de Nahúm Acosta, puesto en libertad el sábado 48 horas después del desafuero. Arraigado durante dos meses, bajo la terrible acusación de informar al narcotráfico sobre las actividades presidenciales, la PGR no logró probar que eso fuera verdad, lo que quizá confirma la denuncia de Manuel Espino, el presidente del PAN, sobre sus móviles políticos.
El combate político de la Procuraduría contra el jefe del gobierno de la Ciudad de México (que lo es todavía, a despecho de la insidia de la propia Procuraduría) no se ha realizado sólo ante la Cámara de Diputados ni estuvo a cargo únicamente de funcionarios subalternos. El mismísimo general procurador general Rafael Macedo de la Concha no tuvo empacho en evidenciarlo sólo unas horas después del desafuero. En una impertinente reunión con empresarios, que la prudencia hubiera ordenado aplazar en vista de las implicaciones políticas en que se hallaba el ex procurador militar con motivo de la declaratoria de procedencia contra López Obrador, Macedo de la Concha hizo política contra el desaforado. Se arrogó el papel de calificador de la legitimidad de los "proyectos alternativos", como el que con esa denominación explícita promueve López Obrador, sentenciando que "lo que no puede permitirse es que esto (promover tales proyectos) se haga socavando a las instituciones, socavando a sus hombres, a su dignidad y, sobre todo, desafiando el respeto por la ley".
Con todo lo innecesario y peligroso que es un discurso político de quien a menudo es definido como "el abogado de la nación" por la naturaleza jurídica de sus funciones, es más censurable que en el ejercicio de la autonomía del ministerio público se haga política. A eso y no a dar sustento jurídico a su petición de desafuero, fue el subprocurador Carlos Javier Vega Memije a la Cámara el jueves pasado. Se comprende que se le escogiera para ese propósito, porque es más un político que un hombre de derecho. Cuando en diciembre de 2000 fue nombrado subprocurador de la república (uno entre varios), apenas tenía una breve experiencia en el campo ministerial o judicial: fue en 1971 secretario del juzgado 12o. penal en el DF, y apenas durante veinte meses procurador de justicia de Guerrero, a partir de abril de 1999, por designación del...
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