Plaza Pública / Y el Presidente tuvo razón
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Al iniciarse el periodo ordinario en septiembre comenzó a estudiarse la fórmula para cumplir la sentencia de la Corte. Se ideó un mecanismo heterodoxo a cuya actuación se avino el Ejecutivo, al fin y al cabo satisfecho con el desenlace y generosamente decidido a no alzarse con la cabeza sangrante de su enemigo sangrando en el lanzón.
De modo discreto, y aun sigiloso si cabe calificar así a una decisión tomada en el pleno de la Cámara de Diputados, el martes pasado llegó a un anticlimático final la histórica diferencia entre San Lázaro y Los Pinos sobre el presupuesto del año que terminará dentro de 75 días, una batalla que ganó el presidente de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cuya última escaramuza perdieron los legisladores sin siquiera librarla, rendidos incondicionalmente y sin asumir su derrota con dignidad.
Como se recuerda, el presidente de la República vetó el presupuesto aprobado por la Cámara el año pasado, la Cámara rechazó ese veto y la Corte resolvió la diferencia dando la razón al Presidente. Por ello, la Cámara tuvo que atender las observaciones formuladas por el Ejecutivo. Demoró casi medio año en hacerlo. De haberse mantenido el acuerdo de los grupos legislativos que decretaron el presupuesto (y la unidad interna en ellos) el veto hubiera sido superado con dos tercios de los votos de los diputados, conforme lo que dispone la Constitución. Pero no fue posible reunirlos (ni siquiera se hizo un intento público por conseguir ese objetivo) y la Cámara tuvo que acatar la decisión de la Corte, lo que equivale a reconocer que el Presidente tuvo razón desde el principio. La legislatura no ejerció siquiera el mexicanísimo derecho al pataleo. Con sólo un puñado -literalmente, apenas cinco- de abstenciones y votos en contra, cerca de 400 diputados aprobaron en el décimo mes de su presunta vigencia el presupuesto en los términos resultantes de las observaciones presidenciales.
El conflicto, sintetizado en las líneas anteriores, tuvo un largo desarrollo, que se inició en julio de 2004, al publicarse la reforma constitucional que confirió a la Cámara, de modo explícito, la facultad de modificar el proyecto de presupuesto, atribución que los diputados ejercieron tan pronto como fue oportuno, en noviembre siguiente. Lo hicieron de modo que escandalizó al Presidente, por el fondo y por la forma. Ésta fue deplorable, pues la versión final del documento fue confeccionada sobre las rodillas en una prolongada sesión fechada el 15 de noviembre -porque entonces se inició, como lo dispone la Constitución- y concluida en tiempo real en las primeras horas del 18. En el fondo, el disgusto presidencial (y de la Secretaría de Hacienda) fue causado no sólo por las diferentes concepciones de política económica o social implicadas en la reasignación de partidas, sino porque se había roto el monopolio del saber fiscal, que antaño...
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