PLAZA PÚBLICA / Pemex contra la ley
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Tenía prisa Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex, por otorgar a particulares tres contratos para la exploración y explotación de campos maduros de esa empresa pública. Es seguro que no tuviera conocimiento oficial de que había quedado abatido el escollo judicial que le impedía hacerlo cuando, 48 horas después de un fallo de la Suprema Corte, que por lo visto esperaba con ansia, viajó a Villahermosa, con su séquito de colaboradores, para asignar porciones del territorio nacional al trabajo de empresas privadas que, de acuerdo con la Constitución, sólo el Estado puede realizar a través de Petróleos Mexicanos.
Petrofac Facilities Management Limited, con sede en la Gran Bretaña, y Administradora de Proyectos en Campos, empresa regiomontana con sólo seis años de edad y de experiencia, ganaron una licitación y firmarán en octubre próximo tres contratos integrales de servicios, conocidos como incentivados o de desempeño. Se trata de figuras jurídicas establecidas en la legislación mexicana en 2008, que en realidad son contratos-riesgo, que ya tuvieron vigencia en México y fueron cancelados por inconvenientes para el interés nacional.
Son contratos ventajosos para los particulares. Sólo así se explica que al emitirse la convocatoria correspondiente, 27 empresas compraran más de 50 paquetes con las bases de la licitación, y que 17 perseveraran en su propósito de obtener la asignación, no obstante que flotaba sobre el proceso respectivo la duda sobre su legalidad. No es para menos: los contratos permiten explorar y explotar petróleo en campos ya trabajados por Pemex, actualmente en operación, por cuyas tareas los particulares obtienen un pago fijo, independientemente de la suerte que sigan sus actividades, y otro variable, dependiente de sus resultados. Los campos asignados, que se hallan en una zona de 312 kilómetros en el estado de Tabasco, comprenden pozos que producen en la actualidad 15 mil barriles diarios. Se espera que la actividad privada aumente esa cifra a 55 mil, y a costos menores que los de Pemex. Las empresas favorecidas ofrecieron extraer cada barril a un costo de cinco dólares, en contraste con entre siete y ocho dólares que le cuesta a la empresa pública. Se comprende la diferencia, entre otras causas, porque las empresas que trabajarán en las zonas de Magallanes, Santuario (asignadas a la inglesa) y Carrizo (que corresponde a la mexicana) cuentan ya con una infraestructura cuya amortización es parte de los costos de...
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