PLAZA PÃBLICA / Secuelas de una calumnia
| Autor | Miguel Ãngel Granados Chapa |
Los obispos mexicanos expresaron el martes su "solidaridad" y su "sentir a los Cardenales Norberto Rivera Carrera y Juan Sandoval Íñiguez", que han generado una vasta reacción de una porción importante de la sociedad mexicana con su modo de criticar la actuación de la Suprema Corte de Justicia. En buena hora que, como titulan el comunicado de prensa en que apoyan a los purpurados, proclamen que "Responsabilidad y libre expresión (es) un derecho de toda persona".
Ciertamente lo es, y es sano y útil socialmente que el Episcopado así lo considere, en momentos en que ese derecho está puesto en jaque por la delincuencia organizada, que ataca gravemente a las personas y empresas que lo practican en los medios de información. No hemos visto la solidaridad ni el sentir de los señores obispos con los periodistas agraviados y atemorizados por los embates del crimen organizado. Quizá su sensibilidad respecto de ese fenómeno se avive por la crítica que han recibido los arzobispos citados, especialmente el de Guadalajara, por la crudeza de su lenguaje, que sirvió para exponer graves acusaciones sin sustento. El Cardenal Sandoval se ha mostrado relapso ante el pedido de que se disculpe y ha agregado por medio de su vocero que tiene pruebas de que los ministros del máximo tribunal fueron sobornados por el Jefe del Gobierno capitalino.
Los miembros del Episcopado defienden a los cardenales como si se les atacara por opinar sobre las resoluciones de la Corte respecto de la reforma al código civil del DF y no se les reconviniera por las calumnias proferidas. Para eso no hay libertad, sino un marco legal que establece acotaciones y debe ser acatado por todos. En su comunicado al respecto, quizá por la premura con que fue redactado, se deslizan inexactitudes que en tratándose de personas con menor preparación que los firmantes del comunicado podrían ser atribuidas a la ignorancia pero que, en el caso contrario, han de ser achacadas a la mala fe. Se dice que la Corte concluyó el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo "sin ir al fondo del asunto y solamente confirmó la legalidad del proceso jurídico realizado por la Asamblea de Representantes del DF".
En la actualidad, dicha corporación se llama Asamblea Legislativa. Errar en la denominación significa desdén por sus funciones, que son ahora las de diputados locales equiparables a los de las legislaturas estatales. No es verdad, por otra parte, que el máximo tribunal declaró la legalidad de la...
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