PLAZA PÃBLICA / Tomar el pelo, tomar la tribuna
| Autor | Miguel Ãngel Granados Chapa |
Después de un periodo de confusión o engaños, en el que el Ejecutivo escondió sus propósitos al grado de merecer la acusación de que había renunciado a su capacidad constitucional de iniciar leyes, el 8 de abril el presidente Felipe Calderón sacó de la manga cinco proyectos de ley que integran la no muy publicitada reforma energética sino modificaciones a la legislación petrolera. El propósito formal es emitir una nueva Ley Orgánica de Pemex, crear un organismo regulador específico, la Comisión del Petróleo; modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y ajustar en consecuencia la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Enviar al Congreso un paquete de este alcance y complejidad cuando faltaban sólo tres semanas para la conclusión del periodo de sesiones ordinarias mostraba, o una enorme irresponsabilidad, una falta de respeto al trabajo de los legisladores o una gran certidumbre sobre el destino de las iniciativas. La secretaria de Energía, Georgina Kessel, había previsto días atrás que sólo se las presentarían a los legisladores cuando estuvieran planchadas, es decir acordada su aprobación, lo que se conseguiría por el voto favorable del PRI. El acuerdo probablemente incluía la fecha de presentación de los proyectos, a fin de que el Consejo Nacional del partido tricolor, reunido en Veracruz el sábado 5, al manifestarse sobre el tema, pareciera condicionar el contenido de las iniciativas y aun el canal formal para su presentación, a través del Ejecutivo, al que urgió a hacerlo.
En procesos legislativos de menor entidad se ha acostumbrado realizar consultas a la sociedad, a los expertos, a los directamente interesados, porque se acepta que el debate en el Congreso puede ser insuficiente. No era, por lo tanto, un despropósito de los senadores y diputados del Frente Amplio Progresista demandar la apertura de un foro de discusión no sobre la industria petrolera en general o en particular sobre el diagnóstico dado a conocer por el gobierno el 30 de marzo, sino específicamente sobre los proyectos remitidos al Senado. De no abrirse tal debate, que implica no festinar la aprobación de las iniciativas en este periodo de sesiones, los legisladores del FAP advirtieron que realizarían una huelga legislativa, una práctica inusual en nuestro país, recurso de minorías frente al avasallamiento de una mayoría, mayoría que tiene por supuesto el derecho de hacer valer sus decisiones pero no a...
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