PLAZA PÃBLICA / Reforma de justicia penal
| Autor | Miguel Ãngel Granados Chapa |
Quizá hoy mismo el Senado haga suya la enmienda practicada el martes por la Cámara de Diputados a la minuta que los senadores remitieron a San Lázaro el 1o. de febrero, que a su vez contenía modificaciones a las normas aprobadas por la Cámara en diciembre pasado. Se consumará así la porción que corresponde al Congreso federal en el proceso de reforma constitucional en materia de justicia penal, que implicó una reconstrucción vasta y en ocasiones profunda de los artículos 16 al 22 de la Constitución general de la República. Comenzará entonces la intervención de las legislaturas estatales, donde no habrá oposición al trabajo de los legisladores federales. Cuando ese tramo del proceso concluya y el Ejecutivo publique la reforma será necesario que examinemos con el mayor detenimiento posible el conjunto de enmiendas y adiciones a normas que están muy próximas a la vida de los mexicanos.
Hoy solamente me referiré a la sesión de la Cámara en que fue, inesperada y afortunadamente, suprimido el undécimo párrafo del nuevo artículo 16, que autorizaba el ingreso policiaco a los domicilios, sin orden judicial, "cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o la integridad corporal de las personas", eufemística manera de avalar la arbitrariedad policiaca, posible no sólo por ineptitud sino también por corrupción.
Desde que los diputados se ocuparon por primera vez del tema, en diciembre pasado, varios puntos fueron desaprobados por más de 90 legisladores, que votaron en contra. Su posición fue tenida en cuenta por senadores que modificaron la minuta enviada desde San Lázaro, aunque su respuesta no alcanzó a satisfacer a los diputados objetores, que demandaron introducir nuevos cambios, especialmente en cuanto al allanamiento policial y el arraigo. Pero había una suerte de compromiso de aprobar la minuta como llegó de Xicoténcatl, y así lo determinó el dictamen de las comisiones el 19 de febrero. Ni una coma sería alterada.
Pero al acercarse el día de la votación creció una preocupación en las bancadas del PAN y del PRI. Por tratarse de una reforma constitucional se requerían dos tercios de los miembros presentes, es decir 332 de los 500 integrantes de la Cámara. Si bien dos meses atrás se habían reunido 366 votos, se habían multiplicado las voces, sobre todo en la fracción priista, que expresaban dudas sobre lo antes aprobado y aun la confesión de un error que podía ser enmendado. Los diputados que así se manifestaban eran sensibles no sólo a...
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