PLAZA PÃBLICA / Recompensas
| Autor | Miguel Ãngel Granados Chapa |
Tras el acuerdo general sobre recompensas que favorezcan la detención de delincuentes, emitido por el procurador general de la República y publicado el 19 de septiembre, se han hecho ya dos ofrecimientos de ese tipo, uno por 10 millones de pesos, relacionado con el acto terrorista de la noche del Grito en Morelia, y otro por medio millón de pesos con miras a recapturar a un presunto secuestrador que escapó de un hospital de la Ciudad de México.
Salvo que se recibiera información adicional sobre el caso, no se pagarán los 10 millones previstos para recompensar a quien contribuyera a la detención de los perpetradores del atentado del 15 de septiembre en la capital michoacana. En medio de la información escueta y confusa con que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada dio cuenta de la detención de tres participantes en ese abominable hecho, quedó claro que la actuación judicial fue movida por una denuncia ciudadana anónima, razón por la cual no hay a quién entregar la cantidad ofrecida. Por lo demás, habría que esperar a que un proceso judicial establezca la responsabilidad de los detenidos, que por ahora están sólo arraigados por un lapso de 40 días, término en el cual podrán reunirse o no los elementos que permitan su consignación para ser juzgados.
La recompensa había sido ofrecida "a quien aporte información veraz, útil, eficaz y oportuna que coadyuve eficazmente (sic) a la identificación y localización de los autores y partícipes de los hechos delictivos" mencionados y a su detención. Se estableció que la suma ofrecida no necesariamente sería pagada en su totalidad sino "en proporción a la relevancia y utilidad de la información" entregada, y que en el caso de que más de una persona aportara información, la suma se entregaría a quien lo hiciera en primer término, o en partes iguales si se hubiera hecho simultáneamente.
Ayer se publicó una nueva oferta de recompensa, que hace aparecer una deficiencia en el mecanismo recién establecido. Resulta que con dinero público, es decir de los contribuyentes, se busca remediar un error o, peor aún, un acto de corrupción de un subcomandante y dos miembros de la Agencia Federal de Investigación que incurrieron en "omisiones significativas en la custodia del presunto secuestrador Ángel Cisneros Marín". Éste había sido detenido el sábado, y entonces admitió ante un agente del Ministerio Público adscrito a la SIEDO haber participado en cuatro secuestros, en que le...
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