PLAZA PÚBLICA / Militares en los campos y las calles

AutorMiguel Ángel Granados Chapa

A la misma hora del miércoles 23 en que el ombudsman José Luis Soberanes planteaba ante la Comisión Permanente del Congreso la retirada del Ejército a sus cuarteles, dejando de realizar acciones policiales, el presidente Felipe Calderón firmaba el decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, aparecido al día siguiente en el Diario Oficial, que implica la presencia militar en aquellas tareas hasta el fin de este sexenio.

Soberanes no pidió una fecha para el retorno militar a sus instalaciones. Demandó -es "indispensable" hacerlo, dijo- "que se anuncie cuanto antes una hoja de ruta con un calendario claro, detallando qué acciones concatenadas se harán para regresar al Ejército a sus cuarteles". En cambio, el líder senatorial priista, Manlio Fabio Beltrones, tan influyente hoy en decisiones políticas y legislativas, estableció el viernes 25 un plazo para ese mismo propósito: 18 meses, es decir a mediados del año próximo.

Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el senador sonorense valoraron los méritos de la presencia militar en los campos y las calles. Beltrones dijo que en su partido "reconocemos lo valioso que ha sido su intervención ante la incapacidad que han tenido las policías para presentar resultados favorables frente a la delincuencia organizada, pero seguimos pensando y exigiendo que se ponga un plazo para que el Ejército regrese a los cuarteles, y que sea tan amplio como se necesite para crear una fuerza de alto nivel civil para combatir a la delincuencia en el futuro.

"Sentenciar al Ejército a permanecer en las calles indefinidamente sería lo peor que nos pudiera suceder y ello ameritaría un cambio constitucional y creo que no es el caso".

Soberanes había formulado ese pedido en septiembre pasado, al presentar cuatro recomendaciones a la Defensa Nacional. Lo reiteró en la presentación de su informe anual ante el órgano legislativo que actúa durante el receso. Ahora matizó su solicitud, especificando que la retirada debe ser "paulatina, prudente y cautelosa para que el crimen organizado no vea al Estado como un tigre de papel", pues se perdería "el vigor del Ejército". Pero en contrapartida, la presencia castrense puede ser lesiva para la sociedad:

Ante el crecimiento de la delincuencia, dijo el presidente de la CNDH, "el problema se complica" pues "las funciones de seguridad pública las asume cada vez en forma más importante el Ejército, la policía se echa a un lado, el Ministerio...

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