PLAZA PÃBLICA / Justicia y atropellos: una sola reforma
| Autor | Miguel Ãngel Granados Chapa |
Pasado mañana será aprobada en la Cámara de Diputados la reforma constitucional sobre justicia y seguridad que ha padecido súbitos cambios de ritmo, desde una pesadez que la demoró por años hasta una relampagueante aprobación en sólo dos días, y que incluyó un incomprensible compromiso de no legislar, abdicación de los diputados para lavar errores iniciales. El resultado de ese accidentado proceso no es ciento por ciento positivo, como pudo ser, sino una mezcla de aciertos y graves riesgos para los ciudadanos comunes y corrientes.
En marzo de 2004 el presidente Fox presentó una iniciativa para modificar el régimen constitucional de seguridad pública y justicia penal que fue desatendida y rechazada por el Congreso. Obedecía, ciertamente, a la creciente preocupación social por el auge de la criminalidad. Algunas de sus propuestas resultaban de una conciencia cada vez más agudizada sobre el procedimiento penal, montado en ineficaces y costosos aparatos que causaban enorme rezago y frecuentemente producían frutos contrarios a su propósito, pues generaban injusticia en vez de justicia, en perjuicio de todos. De allí que se postulara por primera vez la introducción de los juicios orales en materia penal, para evitar la prolongación de los procesos (limitados a un año en la letra constitucional pero extendidos en la práctica a periodos mayores) y la aberración de que los encausados no conocieran jamás a sus jueces.
Esta propuesta sobreviviría al rechazo de la iniciativa foxiana, que incluía la conversión de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la Federación dotada de autonomía, y la fusión en un solo cuerpo, la Policía federal, de las agencias de investigación (AFI) y de prevención (PFP) que dependen de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública. En ese propósito se ha caminado sólo que por la vía errada. Sin reformas legales y ni siquiera reglamentarias se habla de esa Policía federal, se ha desprovisto a la PGR de su más importante brazo de indagación y se ha sometido a la autoridad de seguridad pública al cuerpo que debiera concretar las facultades pesquisitorias del Ministerio Público.
En diciembre de 2006, el diputado César Camacho Quiroz -ex gobernador del estado de México, ex senador de minoría por esa misma entidad- presentó una nueva iniciativa sobre el tema, que puso el acento en la oralidad del procedimiento penal. En marzo de 2007, de Los Pinos llegó a San Lázaro otro...
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