Plaza Pública / Oaxaca: Estado de excepción
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
La destrucción de varios inmuebles, entre ellos el edificio del Tribunal Superior de Justicia y la sede del Poder Judicial federal en Oaxaca, que los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca niegan haber realizado parece haber sido cuidadosamente planeada para asestar el golpe final a esa organización, y con eso consolidar al gobernador Ulises Ruiz.
Después del vitando vandalismo del 25 de noviembre (que recuerda, toda proporción guardada, el incendio del Reichstag de Berlín por los nazis, para culpar a los comunistas y lanzar sobre ellos la represión), la Policía Federal Preventiva concentró su esfuerzo en la detención de decenas de personas. Muchos de ellos no tienen nada que ver con el conflicto iniciado hace más de seis meses y no fueron detenidos en flagrancia, y sin embargo quedaron incluidos en el grupo de 141 personas, capturados por la PFP entre el sábado de marras y el lunes siguiente y deportados al penal de San José del Rincón, en el lejano Nayarit, como si fueran reos de alta peligrosidad. No se les había dictado orden de aprehensión y menos aún se había iniciado proceso en su contra y, sin embargo, se les aplicó, bajo el disfraz de una mera operación administrativa solicitada por la Secretaría de Protección Civil oaxaqueña, una pena que equivale a un secuestro. Al día siguiente de la deportación masiva, aplicada sin considerar en lo absoluto los derechos humanos de los detenidos, fue capturado Erick Sosa, hermano menor de Flavio Sosa, uno de los más conspicuos dirigentes de la APPO. Aunque quizá se le confundió con otro miembro de la familia, pues él es ajeno a las movilizaciones, también se le asestó trato de peligroso delincuente y se le remitió al penal de alta seguridad de Matamoros.
Esas operaciones policiacas obligaron a varios dirigentes de la APPO a guarecerse en un anexo del templo de la Virgen de los Pobres, y el jueves salieron subrepticiamente de Oaxaca, rumbo a la Ciudad de México. Flavio Sosa y Marcelino Coache, que han figurado entre los líderes más presentes, así como otro hermano de Sosa, Horacio, y Juan García Maldonado, fueron detenidos por la PFP en la Ciudad de México anteanoche, y de inmediato los Sosa fueron trasladados a la cárcel federal de Almoloya. Para que nadie piense que no ha habido reforma penitenciaria en México, el penal donde quedaron recluidos, que antaño era identificado con el nombre del municipio mexiquense donde fue construido, se llamó después La Palma, pero ahora debe...
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