Plaza Pública/ Las noticias vienen del norte
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
Ahora que el ex presidente Salinas ha recobrado residencia y locuacidad, tal vez tenga ocasión de explicar por qué no hizo detener a Ramón y Benjamín Arellano Félix, cuando los tuvo a su alcance en diciembre de 1993 y enero de 1994. La explicación ofrecida por Jorge Carpizo: el riesgo de violencia porque sus guardaespaldas iban armados, además de pueril resultó sin base. En la madrugada de ayer sábado, sin que opusiera resistencia fue aprehendido Benjamín, el más importante de la banda. Piadoso como es, amigo de sacerdotes de alto nivel, en la casa donde se le capturó había un altar con la foto de Ramón su hermano. Antes de que lo confirme la prueba del ADN, ese rito luctuoso ha sido, para las autoridades mexicanas, la prueba mayor de que ese Arellano Félix fue el muerto del 10 de febrero, tiroteado por casualidad a partir de un incidente de tránsito.
De ese modo los jefes de la banda que controla buena parte del narcotráfico desde su sede en Tijuana han dejado de operar. Veremos si lo mismo ocurre con el cártel que han comandado en los últimos doce años.
Aunque en oportuna conferencia de prensa en Washington el jefe de la DEA Asa Hutchinson se apresuró ayer mismo en la mañana en atribuir todo el mérito a las autoridades mexicanas, es conjeturable que la información que permitió localizar y detener a Benjamín Arellano Félix vino del norte. Parece indudable consecuencia de las indagaciones realizadas por agencias norteamericanas, centradas en las operaciones empresariales de aquella banda y esa familia. Lo indican los precedentes inmediatos y la naturaleza misma de la operación de la primera hora de ayer: fue una acción del Ejército, de que informó el propio secretario de la Defensa Nacional, quien hizo notar "el gran apoyo del licenciado Vasconcelos". En rigor, debía haber ocurrido lo contrario: José Luis Santiago Vasconcelos, responsable de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), debió solicitar el apoyo, y agradecerlo, al general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, pues las fuerzas armadas no tienen formalmente asignadas funciones de indagación. El Ejército, entonces, debe haber recibido información de fuera, y reclamado y obtenido el apoyo de la Procuraduría General de la República, cuyo titular, el general Rafael Macedo de la Concha, cometió la desmesura de asegurar que el cártel de Tijuana ha quedado desarticulado.
Los antecedentes inmediatos muestran que no las autoridades mexicanas, sino las de Estados Unidos, fueron cercando a los Arellano Félix. El 31 de enero, el subsecretario del Tesoro James Gurule anunció en Washington la congelación de cuentas y otros activos que tenían en aquel país doce empresas y quince personas, a las que el gobierno norteamericano atribuyó labores de lavado de dinero. Las empresas realizan actividades en Tijuana, y allí vive la mayor parte de las personas afectadas. Entre...
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