Plaza Pública/ Negocios portuarios
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
Los Senadores priístas Oscar Luebbert, de Tamaulipas, y Fidel Herrera, de Veracruz, pidieron a la Secretaría de la Contraloría, a través de su Cámara, que investigue si "existen responsabilidades por parte de diversos servidores públicos, por obstrucción de transferencia de 20 por ciento de las administraciones portuarias integrales... al gobierno y municipios de esas entidades federativas", a las que al presentar la petición añadieron a Baja California Sur y Yucatán. De inmediato, uno de los señalados, Francisco J. Avila Camberos, salió al paso de la solicitud senatorial, ofreciendo su propia versión de los hechos.
¿De qué se trata? Como parte de la modernización de los puertos, emprendida por el Presidente Salinas, fueron creadas sociedades mercantiles por acciones, denominadas Administración Portuaria Integral (API), seguidas de la ubicación geográfica del caso. En la ley de ingresos de la Federación para este año, ésa que fue aprobada a deshoras ya sobre el límite del periodo extraordinario de sesiones, se dispuso que la Secretaría de Hacienda transfiriera a los Gobiernos estatales y municipales que lo solicitaran, el 20 por ciento de las acciones de cada Administración. Prontísimo, el 4 de enero y el 10 del mismo mes, los Gobernadores Tomás Yarrington y Miguel Alemán Velazco hicieron la petición correspondiente a los puertos de Altamira y Tampico, por un lado, y Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz (y después, según entendemos, hicieron lo propio Leonel Cota Montaño y Patricio Patrón).
La tesorera general de la Federación, Evelyne Rodríguez Ortega (que ya dejó esa responsabilidad) instruyó a la ingeniera María Antonieta Villegas Silva, responsable de administración de cartera y activos no monetarios, para que hiciera la transferencia respectiva. No se ha podido completar esa operación, sin embargo, en lo que podría ser simplemente un problema técnico-jurídico cuya naturaleza no tiene sentido explicitar aquí. El hecho es que los Senadores Luebbert y Herrera suponen, o saben, que hay algo más que desidia burocrática en la lentitud que ahora denuncian. Pidieron, por lo tanto, a la mesa directiva del Senado que solicite a la Secodam una averiguación sobre esas obstrucciones. Pero, más puntualmente, piden que la investigación se detenga en el caso de la Administración Portuaria Integral de Veracruz y determine "si por los antecedentes e intereses personales que en el referido puerto tiene el Ing. Francisco J. Avila Camberos, coordinador general...
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