PLAZA PÚBLICA / Morelia, un año después
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
No desolada como era de temerse, pero sí escasamente concurrida fue anteanoche la ceremonia del Grito en Morelia, un año después de que un atentado con granadas causó la muerte de ocho personas y heridas a decenas más. A menos que se crea la versión oficial que incrimina a tres personas que no fueron aprehendidas, no hay noticia sobre los móviles y los perpetradores de la agresión terrorista.
Una semana después del ataque indiscriminado a la población civil, que ha dejado graves secuelas en los sobrevivientes, la organización criminal conocida como La Familia michoacana detuvo a tres presuntos miembros de Los Zetas, el agrupamiento armado de la banda del Golfo contra el que libra cruentas batallas, y los puso a disposición de la PGR.
Sin que entonces ni después se reflexionara en la ilegalidad en que se basa un proceso iniciado con la comisión de varios delitos, desde entonces ha recaído la responsabilidad en Alfredo Rosas Elicea, Juan Carlos Castro Galeana y Julio César Mondragón Mendoza, sujetos a proceso desde noviembre y cuyo juicio no ha terminado. Ninguno de los tres acepta la responsabilidad que se les imputa. Siempre alegaron -y sus esposas repitieron el argumento apenas el lunes- que la noche del Grito en Morelia ellos se encontraban en Lázaro Cárdenas, el gran puerto michoacano que se ha hecho famoso como centro de varias formas de criminalidad en Michoacán.
Al día siguiente del atentado, La Familia se exculpó a sí misma de haberlo cometido y achacó el crimen abominable a sus rivales, Los Zetas. Para sustentar su dicho, secuestró a tres personas, bajo tortura los aleccionó para que se responsabilizaran del ataque y los entregó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que sin empacho jurídico alguno -que debía tener varios, pues recibía a víctimas de privación ilegal de la libertad y tortura- los aceptó, los trasladó de Morelia a sus oficinas de la Ciudad de México y luego de amañados interrogatorios ministeriales -en cuyo curso se admitió la presencia de miembros de La Familia- los sometió a arraigo y los consignó a un juez federal en Jalisco que los está juzgando por delincuencia organizada, terrorismo, homicidio agravado, posesión y portación de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y lesiones calificadas.
Según el relato de Rosas Elicea, una pandilla de bandoleros lo atrapó el 23 de septiembre en su negocio de materiales para construcción en aquel puerto. Entre...
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