Plaza Pública / Montiel y Peña
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
El gobernador Enrique Peña Nieto se prepara a expedir un certificado de buena conducta a su hacedor, Arturo Montiel Rojas, a fin de exonerarlo de responsabilidades relacionadas con la fortuna que construyó o recibió en un lapso brevísimo. Ordenó a la Secretaría de la Contraloría de su administración evaluar "la aplicación de los recursos (durante el sexenio pasado) y, si hubiese alguna anomalía, imponer las sanciones correspondientes".
Es muy fácil adivinar el resultado de esa evaluación porque formalmente debió haberse hecho ya, año con año desde 1999, y, que sepamos, no resultó de ella ninguna observación que el Ejecutivo debería haber atendido. Funcionalmente, pues, la Contraloría no hará nada diferente de lo que ya hizo y el fruto de su indagación, de hacerse, está prefigurado. Lo está, además, porque Eduardo Segovia, titular de esa oficina, encargada presuntamente de investigar a Montiel Rojas, fue designado por Montiel Rojas y confirmado en su cargo por Peña Nieto. Adicionalmente, en el remoto caso de que Peña Nieto decidiera echar paletadas de tierra en la tumba de su antecesor, correría el riesgo de quedar sepultado él mismo, pues fue secretario de Administración (una de cuyas responsabilidades es la realización del gasto público) durante la primera mitad del sexenio anterior, y en la segunda como jefe de los diputados priistas tuvo un papel determinante en la aprobación de la cuenta pública anual de su jefe. Ése es otro motivo por el que sería candoroso esperar de la evaluación encargada por el gobernador una incriminación contra el fabricante de su actual condición.
Otra señal de que la averiguación será banal y en consecuencia deliberadamente estéril consiste en la negativa del propio Peña Nieto a cumplir una resolución del instituto local de transparencia y acceso a la información pública. Dispuso que su oficina de comunicación social la atendiera a medias (luego de su reticencia inicial) y comunicara el monto gastado por el gobierno anterior en publicidad y propaganda de julio de 2004 al mismo mes siguiente, pero sin incluir copia certificada de los contratos relativos.
Y es que darlos a conocer implicaría no sólo la confesión de un delito, consistente en el uso de recursos públicos en una campaña política, la suya, sino que reforzaría la escandalosa evidencia de que Televisa y empresas adosadas a ese consorcio practican la manipulación política como medio para acrecentar sus ganancias. Tal vez esos contratos fueron suscritos...
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