Plaza Pública / Militares contra derechos
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Mientras el Gobierno de Oaxaca, la Secretaría de Gobernación y la CNDH consideraban exagerado el informe sobre violaciones a los derechos humanos en México dado a conocer por Amnistía Internacional, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional se encargaron de mostrar, en vivo, que en realidad el reporte de aquel organismo internacional se quedó corto.
Cuando aún permanecía en México la delegación de AI, encabezada por su secretaria general, Irene Khan, acontecieron verdaderos asaltos cometidos por miembros del Ejército, con objetivos confusos y en perjuicio de habitantes de la colonia El Sol, en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl. Antes de que clareara el día (es decir, con nocturnidad, que en el derecho penal puede agravar una conducta punible pues se aprovechan las sombras de la noche o la penumbra del amanecer como parte de una acción artera, sorpresiva), ingresaron a aquel asentamiento vehículos del Ejército mexicano cuyos números de identificación habían sido bloqueados para que nadie pudiera leerlos. Descendieron de ellos una compañía y quizá dos secciones más (es decir, entre 100 y 160 hombres) con uniformes de combate, camuflados, armados y con los rostros cubiertos.
A deshoras, forzaron la entrada en varios domicilios, cuyos habitantes despertaron aterrorizados por la presencia inesperada de encapuchados que no mostraron las órdenes de cateo que según la Procuraduría federal legalizaban su incursión. Parecían buscar a personas, extremo no comprendido en un cateo, acto destinado a localizar cosas, como armas o droga, según pretendió justificarse después. En las fuentes oficiales mismas se difundió la especie, que nadie hizo suya de modo formal, que se iba tras integrantes del Ejército Popular Revolucionario, que ha cometido varios atentados en las semanas recientes, el miércoles apenas el más próximo.
La arbitraria actuación de los militares, que no parecían dirigidos por ningún funcionario civil, del Ministerio Público o de la Secretaría de Seguridad Pública, sino que obedecían a sus mandos castrenses, fue inútil casi por entero. Los asaltantes (mientras no se muestren las órdenes judiciales pertinentes y se explique su expedición se trata de intromisiones indebidas) no hallaron a nadie que buscaran, ni localizaron tampoco los objetos tras de los cuales presuntamente iban, como armas y estupefacientes. Llevaron consigo, sí, teléfonos celulares y credenciales de elector de que desposeyeron a...
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