Plaza Pública / Mil millones de pesos
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Es mal perdedor Diego Fernández de Cevallos. Apareció en la pantalla del Canal 2, anteanoche, con el rostro descompuesto. Pretendió ironizar diciendo que además de juristas ahora los Ministros de la Corte resultaban valuadores inmobiliarios. Resentía el golpe que hizo perder a clientes de su despacho poco más de mil millones de pesos, cantidad descomunal aun cuando fuera pagada en 40 años, contados a partir de 2003.
Y sí, el Ministro Juan Díaz Romero aplicó en su ponencia, aprobada por cinco votos contra cuatro (dos Ministros estuvieron ausentes), un criterio de valuación territorial, semejante aunque con diferente premisa y por lo mismo con resultados diversos, al que un juez federal y unos Magistrados habían desplegado en anteriores etapas procesales. Y es que los jueces de primera y segunda instancia erróneamente -pues no tenemos base para decir que a causa de otra motivación- tasaron el predio de 333 mil metros cuadrados en Santa Ursula Coapa conforme al precio vigente a la hora de la sentencia y no conforme al del mercado a la hora en que se violó la garantía por la cual la familia Ramos Millán acudió al amparo.
El 27 de enero la Corte se disponía a resolver el asunto que finalmente llegó el lunes a su punto final. Se esperaba la aprobación de la ponencia de Díaz Romero, que reducía el monto de la obligación estatal hasta 199 millones de pesos, ¡mil y pico millones menos de la cantidad judicialmente fijada! Pero una maniobra de última hora pasmó a la Corte durante varias semanas. Ante el riesgo inminente de aquella magna poda a sus intereses, los herederos de Ramos Millán asesorados por el despacho del presidente del Senado admitieron una forma de pago contra la que se habían rebelado. Y pusieron al tribunal constitucional a un tris de considerar que de ese modo se había perdido la materia del incidente de inejecución que debía ser resuelto por los Ministros.
En síntesis, había ocurrido lo siguiente: muchos años atrás fue expropiado el ejido Santa Ursula, para regularizar la posesión de muchos precaristas que al socaire del crecimiento urbano se habían posesionado de tierras que perdieron su vocación agrícola. Operaciones de esa naturaleza menudearon en el medio siglo reciente, y dieron lugar a innumerables litigios. En este caso, la familia Ramos Millán se inconformó con la decisión del Gobierno federal porque indebidamente se incluyeron en la superficie ejidal expropiada terrenos de su propiedad. Mediante el juicio de amparo...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba