Plaza Pública/ Micro, micro, microeconomía
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
Olvidadizo o prepotente, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, escogió el 19 de enero para presentar el programa de política monetaria, fundado en la triunfalista apreciación de que la macroeconomía muestra un "desempeño positivo". Ese día, el jueves pasado, se cumplió un año de la supervivencia del artífice de la privatización bancaria, virtualmente condenado el 19 de enero de 1999 a abandonar su actual posición, que asumió como remate de misiones previas al servicio del capital privado.
El 19 de enero del año pasado se publicó la Ley para la protección del ahorro bancario, confeccionada a partir de una iniciativa del Partido Acción Nacional a la que se sumó el PRI. Con esa ley, el PAN hizo un enorme favor político al gobierno, responsable de haber contraido una monumental deuda al margen de los procedimientos constitucionales. Acción Nacional justificó entonces su decisiva participación en el rescate bancario como un ejercicio de responsabilidad. Y se tuvo por cierto que, además, había pactado, en canje por su apoyo al gobierno en este trance delicadísimo, la dimisión de Ortiz, a quien por otra parte había acusado en la Cámara de Diputados con miras a que se le instaurara juicio político.
Como prenda visible de ese pacto, la ley que creó el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB (que es el Fobaproa rebautizado) incluyó una determinación contundente. Ordenó en el párrafo tercero de su artículo segundo transitorio que "ninguna persona que haya sido secretario de Hacienda y Crédito Público, gobernador del Banco de México o presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en tal carácter miembro del comité técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro de 1995 a 1997, podrá participar en la Junta de Gobierno del Instituto, ni fungir como secretario ejecutivo del mismo". Esa junta de gobierno se integra por siete vocales, según el artículo 75 de la ley, dos de los cuales son precisamente el gobernador del Banco de México y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De ese modo, el transitorio adquiría el carácter de retrato hablado: ni Ortiz ni Eduardo Fernández podrían sentarse a gobernar el IPAB. Por lo tanto, deberían renunciar a sus cargos, para que sus reemplazantes fueran miembros de la Junta de Gobierno.
Pero, cómplice el PAN de un engaño público, o timado por el gobierno que faltó a su palabra, Ortiz y Fernández no renunciaron. En consecuencia, la multimencionada Junta de Gobierno renguea, pues le faltan esos dos integrantes impedidos por la ley de formar parte de ese cuerpo. Por añadidura, los cuatro vocales que se llaman así mismos "independientes", aunque no se utilice tal denominación en la ley, fueron designados, también por acuerdo del PAN y el PRI en la Comisión Permanente, con abierta...
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