Plaza Pública / Legalidad: tediosa e inevitable
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
La Cámara de Diputados recibió con parsimonia el envío presidencial con las observaciones al presupuesto de egresos para 2005. A pesar de que los líderes de las fracciones parlamentarias, y el propio presidente de la mesa directiva, Manlio Fabio Beltrones, han expresado su convicción sobre la inviabilidad del veto, no se ha resuelto su pleno rechazo.
Los graves asuntos de la república se desperezan lentamente entre los meandros de la legalidad. Acostumbrada como está la sociedad mexicana a las decisiones que pasan por alto la ley, pero que resuelven pronto los conflictos, una impaciencia y un tedio envuelven a los ciudadanos cuando se ventilan lentamente los asuntos públicos. Muchos quisieran que se condenara ya a los linchadores de Tláhuac, y otros muchos suponen que la acusación es ya la sentencia. Por eso desesperan de los pasos ministeriales, de la suma de declaraciones que deben presentar los involucrados. A otros muchos, igualmente, les parecerá una infamia si alguno de los 29 detenidos, cuyo proceso se ha iniciado, queda en libertad, sin importar si la aplicación estricta de la ley dificulta la imposición de penas.
El Presidente alienta esa tendencia social a la simplificación. Recurre al lenguaje de la nota roja de hace medio siglo para anunciar no que serán detenidos y consignados los funcionarios policiacos que acaso incurrieron en omisión. No: anuncia que les "va a echar el guante". Todo el mundo deberá tener en cuenta que no basta haber estado en la escena del crimen para convertirse automáticamente en homicida. No pueden emitirse sentencias en bloque. No quiero pedir, en modo alguno, lenidad para los atacantes de los agentes policiacos, dos de los cuales fueron asesinados con extrema crueldad. No: ha de haber sumo rigor en las decisiones judiciales. Pero ha de haber exactitud al impartirlas. No se debe atender la circunstancia atenuante que reduce a siete años a quien comete un homicidio en estado de "emoción violenta" sino que, como ha consignado el ministerio público y aceptado la jueza que llevará el proceso, se reconozcan las circunstancias agravantes, especialmente la ventaja con que actuaron los linchadores. Pero la justicia es justa cuando, en ardua operación de relojería, se establece la responsabilidad de cada quien, pues no todos los detenidos infirieron las lesiones que provocaron la muerte de los agentes de la Policía Federal Preventiva.
Están por determinarse también las responsabilidades de los agentes policiacos (los mandos y sus subalternos) que no acudieron oportunamente a la escena de los hechos, o estando allí no procedieron con la premura y la determinación necesarias. Casi nunca es posible que la actuación del ministerio público esté libre de condicionantes, y en este caso la dificultad es mayor. La Procuraduría General de la República se encarga del...
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