PLAZA PÚBLICA / Insólitos visitantes en San Lázaro

AutorMiguel Ángel Granados Chapa

El Palacio Legislativo de San Lázaro tuvo esta semana insólitos visitantes. Unos fueron bienvenidos: los universitarios que encabezados por el rector de la UNAM participaron en una sesión solemne el miércoles 22. Otros repudiados o temidos: agentes de la Policía Federal que merodearon por las inmediaciones del recinto y aun pretendieron entrar en él. Y uno más, que ingresó (quizá subrepticiamente) como invitado y salió convertido en legislador.

Hubo igualmente una convidada indeseable: la aspereza verbal virulenta entre bancadas, que estuvo a punto de transformarse en violencia. En esos días de hecho inusitados se vio a diputados del PT y del PRD: habitualmente protagonistas de incidentes agrios, hacerla esta vez de conciliadores, si bien no fueron neutrales.

El martes 21 de septiembre, en la primera sesión después del puente legislativo motivado por las fiestas patrias, se rompió el orden y, ante la imposibilidad de restaurarlo, el presidente Jorge Carlos Ramírez Marín ordenó primero un receso y, luego, de plano, dio por concluida la fragorosa sesión. Diputados panistas colocaron en la tribuna dos mantas, alusivas a las enmiendas constitucional y legislativa en materia electoral en el estado de México que, mandadas a hacer por el gobernador, han merecido por eso el nombre simplificador de "ley Peña Nieto". Se trata de reformas destinadas a dificultar la unión de los partidos que exploran la integración de una alianza para los comicios de julio próximo, con la mira de obtener un resultado semejante al conseguido, con ese instrumento, en Oaxaca, Puebla y Sinaloa.

Las modificaciones consisten en la eliminación de una fórmula cómoda para los opositores en trance de unirse, las candidaturas comunes. Si bien es cierto, como alegan los autores de la enmienda, que subsiste la posibilidad de construir coaliciones, también lo es que las dificultades legales y prácticas para consumarlas pone en riesgo a la oposición de no concretar su proyecto aliancista, hasta ahora en ciernes.

Tan importante como la supresión de las candidaturas comunes fue el refuerzo de la autoridad del secretario ejecutivo del órgano electoral, que significa un retroceso al tiempo en que la autoridad del ramo era manejada desde el palacio de gobierno. El secretario ejecutivo no es nombrado por los consejeros electorales, sino por la legislatura, dominada por el PRI y su patiño, el Verde, lo que en último término significa que depende del gobernador. Por intermedio de ese...

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