PLAZA PÚBLICA / Gran golpe o puesta en escena
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Si los funcionarios detenidos en Michoacán el martes 26, por sus nexos con el narcotráfico, efectivamente mantenían ligas con La Familia Michoacana, el poderoso clan delincuencial oriundo de esa entidad (y con otras bandas), el Gobierno federal asestó un golpe formidable a la delincuencia organizada, que debe ser valorado y aplaudido por la sociedad. Es demasiado temprano para saberlo a ciencia cierta, y por lo tanto está abierta la posibilidad de que se trate de un gran montaje, cuyo fallido desenlace provoque una enorme decepción en la sociedad, una porción de la cual se ha apresurado a dar como definitivas las informaciones oficiales que, desde la legalidad penal, ni siquiera han entrado en sus fases iniciales.
Hay condiciones para que el notorio acontecimiento en que fueron detenidos 10 Alcaldes y una veintena de funcionarios estatales y municipales -de tal rango que incluye al Procurador de Justicia del Estado, que se presentó voluntariamente a la autoridad federal y fue ilegalmente retenido- corra por alguna de esas vías. Se sabe de antiguo que el permanente cultivo de marihuana y amapola en suelo michoacano ha sido posible por la protección policiaca. Se trata de una realidad tan pesada, tan densa, que no ha podido ser aminorada por el poderoso mecanismo de fuerzas federales desplegado en Michoacán desde diciembre de 2006. Por lo tanto, es creíble que una diligente tarea de información hubiera reunido elementos bastantes para acotar ese fenómeno conocido en líneas generales, barruntado aun por la población, pero que ahora habría adquirido perfiles precisos, contornos exactos, suficientes para iniciar la acción penal que ponga fin al contubernio entre gobernantes y funcionarios por un lado, y la delincuencia organizada por otra parte.
Sin embargo, no parece haber por ahora la evidencia necesaria para dar por cierta la hipótesis de que los Alcaldes de Apatzingán, Aquila, Arteaga, Buenavista, Ciudad Hidalgo, Coahuayana, Tepalcatepec, Tumbiscatío, Uruapan y Zitácuaro, los jefes y comandantes policiales de tres de esos Municipios así como de Lázaro Cárdenas y Morelia, un juez de primera instancia, el procurador, el subprocurador, un ex subprocurador y otros funcionarios estatales, entre ellos la reciente ex Secretaria de Seguridad Pública del Estado, se han coludido con el crimen organizado. La Procuraduría General de la República no cuenta con esa evidencia al día de hoy. Por ello los pasos dados hasta ahora son inciertos. Al menos...
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