Plaza Pública/ Generales y testigos
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
Comenzaron el lunes las sesiones del consejo de guerra que dictaminará la responsabilidad de los Generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro en el primero de los dos procesos que se les ha instaurado. Fueron detenidos en agosto del 2000, cuando todavía era secretario de la Defensa Nacional el General Enrique Cervantes Aguirre, compadre del primero, y sólo ahora se llega al extremo de ese juicio. Cualquiera que sea su desenlace, le seguirá otro, por los múltiples homicidios que se les atribuyen durante la guerra sucia. El señalamiento extrajudicial en su contra data de los tiempos mismos en que se produjeron los hechos, pero apenas hace unas semanas se convirtió en acusación formal, emprendida por la Procuraduría de Justicia Militar.
Los Generales procesados se mostraron seguros de demostrar su inocencia. Si la acusación depende sólo de pruebas testimoniales, no será difícil que se les exonere. Y es que puede no ser fiable lo que digan de otros, personas a las que se exime de responsabilidades con tal de que inculpen a terceros. Ese es el caso de los testigos protegidos, discutible figura legal que de más en más se ha utilizado en México para combatir a la delincuencia organizada. Ciertamente, informar sobre hechos de que se tiene conocimiento directo no depende de la condición moral de quien atestigua. Pero cuando se testimonia para obtener provecho penal, es decir para aligerar las cargas propias, los dichos del caso deben ser completados y corroborados con otras evidencias, con pruebas que no puedan ser descalificadas.
La detención de los Generales, hace 26 meses, fue posible por la información provista por Adrián Carrera Fuentes, un equívoco personaje que por tal servicio a la procuración de justicia fue puesto en libertad. Hacía dos años que se hallaba preso, contaminado como ocurre a menudo entre militares y policías encargados de perseguir al narcotráfico, pero con una historia que lo inclinaba hacia esa disposición. En una de las primeras referencias públicas al involucramiento del entonces Gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, Reforma publicó el 13 de diciembre de 1997 un informe policiaco confidencial en que al político ahora preso en La Palma se le identificaba como "protector de Adrián Carrera Fuentes, relacionado con el cártel de Juárez", lazo que después se comprobaría y le significaría un largo tramo de prisión.
Tres años antes, Carrera Fuentes había dejado de ser el director general de la...
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