PLAZA PÚBLICA / García Luna y las 'hñahñu'
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Nadie puede dejar de aplaudir que primero doña Jacinta Francisco, en septiembre de 2009; y la semana pasada doña Teresa González y doña Alberta Alcántara, hayan quedado en libertad después de sufrir injusta prisión, aquélla por 37 meses, y éstas durante casi 45.
La diligente atención jurídica del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, así como la resonancia que con justa razón recibió la brutal arbitrariedad de que estas tres mujeres indígenas fueron víctimas, consiguieron mediante caminos distintos una tardía enmienda no de errores de procedimiento sino de arteros abusos de poder. Doña Jacinta fue liberada porque la PGR en la reposición del juicio inicial presentó conclusiones no acusatorias. Pero se abstuvo de hacerlo respecto de doña Teresa y doña Alberta, a pesar de la similitud de sus circunstancias. Fue necesaria, en cambio, una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, a partir de una brillante ponencia de la ministra Olga María Sánchez Cordero, para que salieran a la calle las víctimas de una de las mayores monstruosidades jurídicas que conozcamos.
Sin restar un ápice de importancia a las decisiones por las cuales las tres señoras de habla hñahñu están ahora con sus familias, es imposible considerar concluido este caso. Los contrahechos procesos correspondientes no resultaron de la ineptitud de los participantes, agentes del Ministerio Público y el juez que, terco como una mula sentenció dos veces a cada una de estas tres mujeres inocentes a 21 años de cárcel y el pago de 2000 días de salario mínimo equivalente a 91,620 pesos. El juzgador de marras, Rodolfo Pedroza Longi, fue advertido por el tribunal unitario que ordenó la reposición del procedimiento de las "contradicciones substanciales" en que había incurrido y, no obstante las cometió de nuevo.
Una vez que la Corte halló graves deficiencias en ese procedimiento, debería iniciarse una averiguación penal contra quienes las perpetraron, pues con toda evidencia no fueron sólo negligentes sino que actuaron con mala fe. Esta apreciación corresponde con mayor fuerza a los seis agentes federales de investigación que se dijeron secuestrados por las mujeres a las que su dolo mantuvo en prisión durante casi un lustro. Tengo para mí que su actitud en este caso es parte de un comportamiento sistémico y que la ferocidad procesal que asestaron a sus víctimas pretende ser al mismo tiempo, un escarmiento y una advertencia.
Esta es mi hipótesis: el 26 de marzo de 2006, los...
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