Plaza Pública/ Fobaproa sí, IPAB también
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
El miércoles 13 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó solicitar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y al Banco de México los contratos de compra de cartera que celebraron Fobaproa y los bancos rescatados, así como las actas del comité técnico de aquel Fondo en que se decidió tal compra. Lo hizo para conocer los términos en que pactaron Fobaproa y Banamex, institución que está siendo adquirida por Citigroup.
No hay un término exacto para el cumplimiento de ese pedido (que el Congreso debe transmitir por medio de la Secretaría de Gobernación, que ya manifestó su anuencia), y aunque el Poder Legislativo carece de facultades para objetar la operación que dejará 12 mil millones de dólares a los accionistas de Banamex, la decisión parlamentaria coloca de nuevo al oneroso rescate bancario en el centro de la atención pública. Por eso mismo, la indagación del Congreso no debe limitarse al pasado, a las operaciones del Fobaproa, sino al presente, a las tareas del IPAB.
El 27 de abril del año pasado, ya de últimas, pues tres días más tarde concluiría su postrer periodo de sesiones, la anterior Legislatura de la Cámara de Diputados estableció una Comisión para investigar el funcionamiento de ese instituto. Pero la opinión pública carece de información sobre los informes que ha recibido del IPAB, sobre su actuación en rubros derivados del informe del auditor Michael Mackey.
El acuerdo del miércoles pasado importa sobremanera porque expresa un vuelco en la posición de los grupos parlamentarios del PAN y del PRI. En consonancia con su acuerdo para cohonestar la ilegalidad en que incurrió el Presidente Zedillo al comprometer el crédito público sin autorización del Congreso, esos partidos caminaron de la mano en la integración del IPAB y en mantener una discreción indebida en torno del rescate bancario. Si bien participaron activamente en la auditoría practicada por el experto canadiense, se unieron para preservar los resultados de esa indagación contable fuera del alcance público. Mientras sus partidos disputaban por todo a mediados de 1999, los Diputados Fauzi Hamdan, panista, y Jorge Estefan Chidiac, priísta, constituyeron la pareja ideal para conseguir la clausura de la información, parte de la cual se ha solicitado ahora.
Es comprensible la mutación de los grupos parlamentarios. El PRI estaba obligado, y cumplió ese deber con su reconocida disciplina, a defender las decisiones presidenciales. Pero hoy ya no ejerce ningún miembro suyo el Poder Ejecutivo, y por eso ha perdido el interés por el secreto que continúa envolviendo las operaciones de rescate bancario. Por su parte, en un gesto espectacular durante su campaña, el ahora Presidente Fox ofreció la clave panista para...
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