Plaza Pública / Explosividad
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Una salchicha (un camión cisterna) volcó la tarde del viernes en la muy concurrida autopista México-Puebla, a la altura de Ixtapaluca. Iba cargada de tolueno, una sustancia peligrosa por su alta inflamabilidad. La policía federal de caminos cerró la carretera al tránsito hasta que el vehículo fue removido y eliminado el riesgo generado por ese hidrocarburo.
Aunque los tripulantes y pasajeros de miles de vehículos sufrieron contratiempos y molestias, la situación pronto quedó controlada. No ocurre lo mismo en otras comarcas sociales y geográficas del país donde la explosividad, no procedente de sustancias químicas sino de ingredientes sociales y políticos, es un riesgo potencial que demasiado a menudo se actualiza.
Después de la tempestad de furia que el martes pasado abatió con bestialidad a dos agentes de la Policía Federal Preventiva, y medio mató a un tercero, reina una falsa calma en San Juan Ixtayopán, en Tláhuac, esa región capitalina situada entre la tradición y la modernidad, entre las certidumbres de la vida comunitaria y la desconfianza a la acción institucional. Casi 40 personas han sido detenidas, y hasta la mañana del sábado, 29 de ellas habían sido acusadas por su participación en el asesinato de los miembros de la PFP Víctor Mireles y Cristóbal Bonilla, y en las lesiones inferidas a Edgar Moreno, el agente que sobrevivió a la barbarie. Se busca procesarlas por homicidio calificado (que merece pena hasta de 60 años de cárcel), tentativa de homicidio, robo y pandillerismo. Dos detenidos son menores de edad y se les envió al consejo tutelar correspondiente.
Uno de ellos aparece nítidamente, armado con un tubo, tundiendo a los policías a los que finalmente se prendió fuego. No es tan clara la participación del resto de los consignados y será por ello difícil asignarles responsabilidades específicas. De modo que es altamente probable que paguen (casi) justos por pecadores. Tal inequidad, inevitable por la supresión de las reglas que determinaban penas diversas en el tratamiento que antes hacía del homicidio tumultuario el código penal, ha provocado ya la movilización de la gente de Ixtayopán (que escribo con acento, como palabra aguda, porque así figura en el autorizado Diccionario Porrúa), que amén de romper una lanza por el buen nombre de la comunidad (no todos somos linchadores, parecen decir) reaccionarán de modo impredecible si la necesaria indagación ministerial se convierte en asedio y hostigamiento. Por lo demás, ese poblado de cerca de 40 mil personas ha quedado herido por siempre, porque la identificación de los protagonistas del doble asesinato se ha basado en el testimonio de los propios vecinos, que serán vistos como delatores.
La investigación en torno del 23 de noviembre no se limita a los homicidios y lesiones. También se averigua por qué el linchamiento no fue impedido, no obstante que se tuvo noticia temprana de su gestación, tanto que varios medios de comunicación atestiguaron el pavoroso caso desde su comienzo. Con inexplicable demora llegaron al fin granaderos y agentes de la policía...
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