Plaza Pública/ Elba Esther y la Fiscalía
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
AYER AL MEDIODIA COMPARECIO LA PROFESORA Elba Esther Gordillo ante la Fiscalía especial que encabeza el doctor Ignacio Carrillo Prieto, oficina que ayer mismo cumplió su primer aniversario. El 27 de noviembre del año pasado el Presidente de la República instruyó al Procurador General para que instituyera una agencia del Ministerio Público especializada en indagar los delitos cometidos por servidores públicos durante movimientos sociales y políticos del pasado, vaga designación con la que se englobaba lo ocurrido en la aun más difusa -y sin embargo precisa políticamente- noción de guerra sucia, la que al margen de la ley libró el Estado contra la insurgencia armada en el campo y en las ciudades durante los años setenta sobre todo.
A la vista de esa instrucción precisa, sorprende que la Fiscalía haya admitido la denuncia que en agosto pasado interpusieron varios maestros contra el profesor Carlos Jonguitud y la profesora Gordillo, en relación con el homicidio de Misael Núñez Acosta. Si bien el Ministerio Público es una institución al margen de la persona de sus agentes, una acusación como la presentada contra esos dirigentes magisteriales no cuadra en las específicas funciones de la Fiscalía especial. Aunque en pro de la brevedad se ha suprimido de su denominación la referencia a los servidores públicos, son los eventuales delitos cometidos por éstos los que constituyen la materia de su encomienda. Y Jonguitud y Gordillo no eran servidores públicos cuando, el 30 de enero de 1981, fue abatido a tiros el maestro Núñez Acosta.
Para los efectos de su expreso cometido, que se ensanchó al ser responsabilizada de averiguar qué delitos perpetraron agentes de la autoridad el 2 de octubre de 1968, la Fiscalía debió dirigir a los denunciantes a otra agencia del Ministerio Público. La carga política de su desempeño es ya suficientemente pesada como para acrecentarla aproximándose, sin razón formal inmediata para ello, a un asunto que puede y debe ser abordado por otros órganos de la procuración de justicia. La presencia de la secretaria general del PRI ante un órgano inhabilitado para ello puede sumarse a los hechos que otros priístas eminentes califican de ilegítima presión judicial por razones políticas.
Claro que el caso de la dirigente real del SNTE es distinto del de los Senadores que acudieron a declarar ante la oficina que indaga el tránsito de dinero público de Pemex al PRI. Ellos pueden ser fácilmente tenidos como adversarios del Presidente Fox...
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