Plaza Pública / Diputados arbitrarios
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Es casi universal la condena a los legisladores perredistas, locales y federales, que el martes y el jueves forzaron la interrupción de las sesiones de la Cámara de Diputados en que se daría primera lectura a la iniciativa de reforma al artículo 122 de la Constitución. Su arbitrariedad, por más que fuera eficaz, ya que sólo el martes próximo se realizará el trámite suspendido y se irá adelante en el proceso legislativo; su arbitrariedad, digo, no admite excusa. Pero no es la única ni la primera arbitrariedad legislativa que se produce a causa de esta tentativa de reforma. La de los perredistas es una arbitrariedad de respuesta, tácticamente contraproducente porque situó el debate en el ámbito de la sinrazón. Pero la arbitrariedad de origen fue practicada, lo es todavía hoy mismo, por diputados del PAN y del PRI, aliados de nuevo para aprobar una legislación que lastima intereses legítimos, como hicieron y hacen con los recursos aplicados al rescate bancario a través del Fobaproa y el IPAB.
El priista Alfredo del Mazo fue arbitrario cuando encabezó al pequeño grupo de cuatro diputados mexiquenses al presentar en diciembre pasado la iniciativa que ha generado tanta agitación, y casi enseguida, unas horas después, marcharse de la Cámara sin quedarse a sostener el proyecto de reforma que, pleno de adjetivación y carente de sustento (no contiene un solo número, un solo dato duro que acredite la pertinencia de la iniciativa), dice buscar la equidad entre las entidades de la Federación. De haber presentado cifras, el ex gobernador mexiquense y efímero miembro de la diputación de ese estado en esta legislatura hubiera tenido que morderse la lengua: del Fondo de aportaciones para la educación básica y normal (uno de los mecanismos de reparto de las participaciones federales a los estados), el de México recibe unos 14 mil millones de pesos, mientras que la mayor parte de las entidades recibe, en promedio, entre 4 mil y 5 mil millones de pesos. Y recibe el doble que el resto del Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos: 400 millones contra 200 que en promedio se entregan por ese rubro a los demás estados.
Fue arbitrario el panista Juan de Dios Castro cuando aquel remoto 11 de diciembre, el mismo día en que fracasó la alianza elbiazul, a la que estaba afiliado el presidente de la mesa directiva, equivocó el turno dado a esa iniciativa (de notorio contenido educativo y fiscal, y atañedera centralmente al Distrito Federal) y la remitió sólo a la Comisión de puntos constitucionales. Fue preciso que, andando los meses, el turno fuera corregido y se resolviera expresamente que el proyecto fuera estudiado por las comisiones unidas de puntos constitucionales, de educación y del Distrito Federal.
Fueron arbitrarios los diputados panistas y...
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