Plaza Pública / Detenidos - desaparecidos
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Sólo hasta que el Ejército Popular Revolucionario reivindicó el 10 de julio ataques a instalaciones de Pemex, y las explicó (y amenazó con continuarlas) en función de la captura y desaparición de dos de sus miembros, los Gobiernos federal y de Oaxaca emitieron una respuesta al reclamo de que aparezcan Gabriel Alberto Cruz Sánchez (también llamado Raymundo Rivera Bravo) y Edmundo Reyes Amaya: ambas instancias negaron haber detenido y mantener en esa condición a esas personas. Y apartaron los ojos del problema, como si no fuera deber de las autoridades investigar la desaparición de personas, máxime cuando de su suerte depende la del país, pues el EPR amagó con nuevos ataques si no se ubica el paradero de sus compañeros. Importa mucho a la sociedad hallar a los responsables de los atentados que directa o indirectamente provocaron enormes daños materiales. Pero igualmente importa resolver el problema que, real o aparentemente, está en el origen de la campaña militar de hostigamiento del EPR.
Ese grupo guerrillero denunció el 2 de junio la captura y desaparición de sus compañeros. Dos días después el reclamo había salido de los confines del grupo directamente afectado y lo hicieron suyo una liga defensora de los derechos humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura.
Habrá quien diga, desde la perspectiva de la rutina burocrática, que no es preciso atender en todos los casos las denuncias de ese género, porque las formulan organizaciones que sirven de voceros a grupos alzados en armas para efectos meramente propagandísticos. Es inadmisible ese desdén, pero lo es más la indiferencia a un llamado en el mismo sentido firmado por dos senadoras de la República, Rosario Ibarra y María Rojo; la primera, desde hace más de 30 años eminente luchadora por la presentación de desaparecidos. Firmaron también ese mensaje un Gobernador, Lázaro Cárdenas Batel, un ex Rector de la Universidad Nacional, Pablo González Casanova, varios intelectuales dotados de voz pública, etcétera. Nadie acusó siquiera recibo de su denuncia. De no ser porque el EPR, de atender el comunicado del 10 de julio, decidió dar a la suya la fuerza de un ataque violento y una amenaza, la desaparición forzada de estas personas pasaría a estas horas inadvertida para la sociedad, como hasta este momento mismo parece ocurrir para las autoridades.
Según el EPR, sus compañeros fueron detenidos la noche del viernes 25 de mayo entre las 20 y las 22 horas "en una acción fortuita de la policía"...
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