Plaza Pública / Desenvenenar a partidos
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
Se creyó que la reforma electoral de 1996 sería la última y definitiva. En 1977, 1986, 1990, 1993 y 1994 se produjeron modificaciones en la legislación que regula las elecciones. No siempre se procedió en la misma dirección, para disminuir la condición avasalladora del PRI y para fomentar la contienda equitativa entre partidos. Pero el sentido general de todas aquellas mudanzas condujo a una redistribución del poder, que en el ámbito federal significó la eliminación del control mayoritario priista en las dos cámaras del Congreso federal y el ascenso a la Presidencia de un candidato que no surgió del partido hasta entonces oficial.
Pero como la vida pública, como toda la vida, está en permanente evolución, se requieren ahora reformas a las reformas electorales. Aun antes de que las crisis dentro de los partidos se generalizaran, se había percibido la necesidad de enmendar las leyes de elecciones, para responder a exigencias públicas reiteradas. Los escándalos y las fuertes disensiones internas en los partidos (no las normales y previsibles en cuanto a ideología, tácticas y estrategias) aceleraron la necesidad de renovar la legislación electoral. El propósito central no puede ser sino uno: desenvenenar a los partidos de la ponzoña del dinero. O al menos reducir significativamente los efectos de ese tósigo.
El domingo pasado, diputados de tres partidos (PRI, PRD y Convergencia) presentaron el resumen de un proyecto esbozado aun antes de que se iniciara la actual legislatura y en cuyo origen estuvieron también presentes miembros del PAN. Ese mismo día, diputados priistas pertenecientes a la CNC dieron a conocer una propuesta propia, complementaria, trabajada también de tiempo atrás. Al día siguiente el presidente Fox formalizó en ceremonia solemne la presentación de su propio proyecto, anunciado el sábado anterior en su programa semanal de radio, y que entregaría al Congreso ese mismo lunes por la noche. El jueves, una nueva iniciativa sobre la materia fue lanzada en el Senado, por un grupo de legisladores miembros del PRI.
El tema que domina esas iniciativas es el del dinero que reciben los partidos. Siempre existió un sector de la sociedad al que ha repugnado que se entregue financiamiento público a los partidos, por su elevado monto y por la ínfima calidad que atribuye a sus beneficiarios. Pero hoy día la inconformidad de los descontentos se ha generalizado. Aun admitiendo la necesidad de evitar que el financiamiento privado abra la puerta (o la ensanche) a los narcopartidos o narcocandidatos; y en consecuencia sosteniendo la conveniencia de que el erario público (es decir, los contribuyentes) sufrague la vida cotidiana de los partidos y sus campañas, apenas hay objeciones a que se reduzcan sustantivamente...
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